A las pocas horas de que el fiscal general del Estado anunciara una querella en la Audiencia Nacional contra el destituido presidente regional de Cataluña y su equipo de gobierno, se informó de que Carles Puigdemont y cinco de sus consejeros se habían trasladado a Bélgica, donde permanecerían a la espera de acontecimientos. Un día antes, el secretario de Estado de Inmigración belga, descalificable personaje perteneciente a una formación ultranacionalista, había especulado con la posibilidad de otorgar asilo político al cabecilla de los golpistas. Todo parece indicar que Puigdemont y sus secuaces han tomado la palabra al referido sujeto y añadido al oprobio de su intentona separatista el esperpento de una huida iniciada, según la agencia EFE, en coche y con parada en Marsella, en plan película mafiosa de bajo presupuesto.
Puigdemont se reía este lunes de todos sus correligionarios al difundir en las redes sociales una fotografía que daba a entender que se encontraba en la sede de la Generalidad, cuando lo cierto es que para entonces ya estaba en Bélgica, uno de los países más apreciados por los criminales de ETA. Por cierto, el usurpador golpista se ha puesto en contacto con un abogado local que ha trabajado con miembros de la banda terrorista que perpetró en Cataluña atentados tan salvajes como el de Hipercor y el de la casa cuartel de Vic.
Los líderes separatistas exigen a sus fieles que arriesguen su libertad y su patrimonio en defensa de su proyecto profundamente anticatalán y liberticida mientras ellos tratan de ponerse a buen recaudo sin la menor vergüenza. Nada podría retratarlos mejor. Son personajes profundamente inmorales, indignos de desempeñar cargo público alguno y que deben pagar por todo el mal que están causando. La Justicia y la sociedad han de ser implacables con ellos.