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La determinación secesionista frente a la desidia constitucionalista

La cuestión hace tiempo que dejó de ser cómo evitar la quiebra del ordenamiento constitucional en Cataluña, porque de lo que se trata es de ver cómo restablecerlo.

EDITORIAL
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Mientras los representantes del PP, de Ciudadanos y, en menor medida, del PSC todavía insisten en que el ilegal referéndum secesionista del 1 de octubre no se celebrará, las formaciones golpistas que rigen la Administración regional catalana no sólo mantienen la fecha para su celebración, sino que han decidido adelantar la aprobación de una de las no menos ilegales leyes de desconexión, la llamada Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, con la que pretenden reemplazar total y formalmente el ordenamiento jurídico español desde el propio 1 de octubre hasta la aprobación de la mal llamada Constitución catalana.

Aunque esta nueva vulneración del Estado de Derecho en forma de norma suprema tiene sus antecedentes en la inconstitucional resolución 1/XI de 9 de noviembre del 2015 del Parlamento regional de Cataluña, en la que textualmente se decía: "Esta cámara y el proceso de desconexión democrática del Estado español no se supeditarán a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional", la ley de transitoriedad jurídica pretende ir mucho más allá al contemplar y concretar aspectos tales como la creación de una Administración única, un Tribunal Supremo catalán, la doble nacionalidad catalana y española, el no reconocimiento de la deuda contraída con el Reino de España, la proclamación del presidente de la Generalidad como jefe del Estado catalán y, en general, la creación de todos los organismos e instituciones propios de un Estado soberano e independiente.

Aunque el PDeCAT pretendía inicialmente que el contenido de esta surrealista norma que pretende erigir las bases del "nuevo Estado en forma de república" no se conociesen ni se aprobasen antes de la consulta cesionista del 1-O, lo cierto es que los antiguos convergentes han cedido nuevamente a la presión de sus socios de ERC y la CUP. Está visto que, lejos de lamentar y considerar un error su repugnante manipulación de la manifestación celebrada el pasado sábado en Barcelona, los sediciosos pretenden sacar tajada de ella para dar nuevos bríos a su delictivo proceso secesionista.

Con todo, aún resulta más escalofriante la desidia y la pusilanimidad con que las formaciones constitucionalistas, que –se supone– deben combatir el cada vez más persistente desafío separatista a la Nación y el Estado de Derecho, han recibido la noticia. En una muestra insuperable de ceguera voluntaria y wishful thinking, "fuentes del Gobierno" han asegurado que la ley de transitoriedad "nunca entrará en vigor", mientras que la representante de Cs, Inés Arrimadas, convencida de algo tan obvio como que esa norma será declarada inconstitucional, ha querido ver en ella una forma de "pasar página" a la bochornosa manifestación del sábado y una forma de admitir, por parte de los separatistas, que deben celebrar unas nuevas elecciones. No menos patético ha resultado ver a Miquel Iceta y a Pedro Sánchez, miembros de un partido tan contrario a la suspensión de la Administración en rebeldía como partidario de una reforma constitucional que proclame nación a Cataluña, alabar la "proporcionalidad" de Rajoy.

Evidentemente, en muchos aspectos, la ley de transitoriedad jurídica no dejará de ser un brindis al sol mientras no sea el Reino de España el que reconozca la independencia de Cataluña en forma de república soberana. Pero el que no tenga validez jurídica alguna no significa que su mera elaboración no sea un gravísimo delito que no se debería tolerar a nadie, especialmente si pretende seguir ostentado un cargo de gobierno. Y lo cierto es que buena parte del ordenamiento jurídico español que esa ley golpista pretende sustituir de iure ya ha sido hace tiempo erradicada de facto en Cataluña. ¿O acaso no ha imperado en Cataluña, por mucho que la anulase el Tribunal Constitucional, la ya mentada resolución de 2015 que conminaba a la Generalidad hacer caso omiso al ordenamiento jurídico español? ¿O acaso no ha imperado allí la liberticida inmersión lingüística, pese a las numerosísimas sentencias en su contra? ¿O acaso no existe en Cataluña el cargo de consejero de Asuntos Exteriores, por mucho que el Constitucional lo declarase inconstitucional? ¿O acaso no siguen en pie en Cataluña todas y cada una de las llamadas "estructuras de Estado" que se supone tumbó hace tiempo el TC? ¿O acaso no se perpetró el 9-N, pese a varias sentencias que taxativamente prohibían su celebración?

La cuestión es que de nada sirven las Constituciones, los tribunales y sus sentencias si luego no hay un Poder Ejecutivo que las haga cumplir. Los separatistas, como han demostrado, siempre pueden aspirar a más, pero lo cierto es que buena parte de la independencia de iure que pretenden erigir en Cataluña hace tiempo que ya la lograron de facto. La cuestión, por tanto, hace tiempo que dejó de ser cómo evitar la quiebra del ordenamiento constitucional en Cataluña, porque de lo que se trata es de ver cómo restablecerlo.

Ya podrá decir el presidente del PP en Cataluña, Xabier García Albiol, que él aplaudiría la aplicación del articulo 155 de la Constitución, que lo cierto es que, por lo menos hasta el día de hoy, no hay formación con representación parlamentaria con la sensatez y el sentido de la responsabilidad y de la proporcionalidad suficientes como para abogar por suspender la Administración regional catalana, inmersa desde hace años en abierta y gravísima rebeldía.

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