Posible y paradójicamente no se haya redactado un escrito que deje más en evidencia la tardanza del Ministerio Público a la hora de formular una acusación por rebelión y sedición contra los cabecillas del golpe de Estado perpetrado en Cataluña que la propia querella presentada el lunes por la Fiscalía General del Estado contra Puigdemont y su Gobierno, admitida a trámite este mismo martes por la Audiencia Nacional. La querella, ciertamente tardía pero muy bien argumentada y estructurada, hace un repaso tan exhaustivo y detallado del contumaz y reiterado comportamiento delictivo de quienes hasta hace cinco días seguían siendo los máximos representantes del Estado en Cataluña que torna inevitable preguntarse por qué el Ministerio Público ha tardado tanto en ampliar o reemplazar la querella –limitada a delitos que, salvo el de malversación, no implicaban penas de cárcel– presentada por José Manuel Maza hace casi dos meses, tras la firma, por parte de los miembros del Gobierno regional en rebeldía, del decreto de convocatoria de la consulta secesionista del 1-O.
A muchos no les faltarán razones para sospechar que esta demora por parte de un organismo tan dependiente del Gobierno como la Fiscalía podría deberse a que Maza ha sido sensible a las públicas, reiteradas y repugnantes ofertas de negociación que el Ejecutivo de Rajoy –sin la menor crítica por parte de la oposición– ha hecho a los golpistas tras perpetrar estos el 1-O, con la vana esperanza de que no coronaran con una declaración de independencia la tumultuaria y violenta vulneración del orden constitucional que había constituido la propia celebración del 1-O. Eso, por no hablar del previo llamamiento sedicioso de Puigdemont a los catalanes para que tomaran las calles contra la detención, el 20 de septiembre, de varios altos cargos de su Administración, a instancias del Juzgado de Instrucción nº 13 de Barcelona.
Otros apuntarán, como justificación para la tardanza de la Fiscalía, a la calidad y extensión de la querella por fin presentada; o a la necesidad de cargarse de razones para que una acusación tan grave tuviera la suficiente consistencia; o al hecho cierto de que el Derecho procesal y la maquinaria judicial precisan de más tiempo que el que requiere el simple y noble deseo de ver imperar a la justicia.
En cualquier caso, la presentación de esta encomiable querella es sólo un primer paso, esperanzador pero insuficiente, para acabar con la impunidad de que todavía gozan los cabecillas de un proceso de secesión que se remonta a la Diada de 2012. Por otro lado, no sería la primera vez que un nuevo intento de negociación con los separatistas transcurre paralelo a una retirada de acusaciones por parte del Ministerio Público que desembocan en sentencias tan bochornosas como la que, con ocasión del juicio por el 9-N, dejó en papel mojado la querella que Torres Dulce, poco antes de presentar su dimisión como fiscal general del Estado, presentó contra Artur Mas por usurpación de funciones, malversación, prevaricación y desobediencia.
Teniendo presente que Puigdemont ha ido mucho más lejos en su actividad delictiva que su antecesor en el cargo –y con independencia de la necesidad o no de aplicar o mantener medidas cautelares a los miembros del Gobierno destituido, a Trapero y a los presidentes de las plataformas secesionistas–, será muy difícil que los cabecillas del golpe no acaben condenados a prisión, tal y como desean millones de españoles que han sido indignados testigos de sus clamorosos delitos.
Aunque, al repasar el largo historial delictivo de Puigdemont y compañía, la querella del fiscal pueda hacer recrodar la irresponsable renuencia del Gobierno a aplicar el artículo 155 de la Constitución, también ha deparado el grotesco espectáculo del viaje a Bélgica de ese mediocre personajillo con ínfulas de Napoleón catalán. Un espectáculo ridículo que no le va a evitar pasar de la poltrona al banquillo de los acusados.