Naturalmente que el Gobierno tiene la "legitimidad política y los instrumentos jurídicos para combatir con éxito uno de los desafíos más graves para las leyes y las libertades de España", tal y como, en referencia al desafío secesionista catalán, ha advertido la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo en el Financial Times.
La cuestión estriba, sin embargo, en que esa legitimidad política y esos instrumentos jurídicos de nada sirven si quien los tiene a su disposición prefiere "no moverse" y no utilizarlos para abortar ese disgregador y liberticida proceso involucionista. Eso, en el mejor de los casos, pues ha de recordarse que el ilegal proceso de construcción nacional en el que está inmerso Artur Mas sería financieramente inviable si no fuera por la extraordinaria ayuda que, desde el primer momento, le está brindando el Gobierno de Rajoy, reacio a que el respeto a la ley o la suspensión de pagos de la autonomía catalana le obliguen a intervenir el Principado.
En cuanto al ámbito político, la pasividad del presidente del Gobierno a la hora de parar el desafío separatista ha llegado al extremo de que ha tenido que ser UPyD quien lleve al Congreso el debate sobre este gravísimo proyecto de ruptura. Bien está que el PP respalde la moción presentada por la formación de Rosa Diez, pero debería haber sido el partido del Gobierno el que llevara la iniciativa y el liderazgo en defensa de la soberanía nacional. Peor aun está siendo la actitud del principal partido de la oposición, que a última hora de ayer no tenía decidido si se abstendrá o votará hoy jueves a favor de esa resolución tan incuestionable en defensa de la Nación y el Estado de Derecho.
Finalmente, la querella que ha presentado este miércoles el sindicato Manos Limpias ante el TSJC contra el presidente de la Generalidad debe hacer reflexionar respecto de las medidas que, en el ámbito jurídico, ha tomado el Gobierno de Rajoy. Sin duda, la anunciada consulta secesionista conllevaría los delitos de prevaricación y desobediencia que se señalan en ella. Sin embargo, hubiera tenido más sentido presentarla por hechos que, a diferencia de la consulta de marras, ya se han perpetrado, como la clamorosa y continuada desobediencia de la Generalidad en materia lingüística o la financiación pública de ilegales estructuras de Estado por parte también de la Generalidad, hechos ante los que el Gobierno de Rajoy mira hacia otra parte.
En cualquier caso, lo que no habría sido prematuro en absoluto es que el Gobierno y la Fiscalía General del Estado hubieran advertido hace ya mucho a las autoridades autonómicas catalanas de las consecuencias penales que tendría la celebración de una consulta secesionista como la que tienen proyectada, con pregunta y fecha. A no ser, claro está, que los máximos responsables de hacer cumplir la ley hayan decidido situar por encima de la misma a los que la conculcan desde Barcelona.