Se supone que la primera tarea a la que debería encomendarse cualquier presidente del Gobierno respecto a Cataluña debería ser la de someter a esa parte irrenunciable del territorio nacional al orden constitucional y acabar, mediante una profunda y duradera suspensión de su Administración regional, con la inadmisible, silenciada y persistente independencia de facto desde la que los separatistas pretenden erigir su propio Estado soberano.
Está visto, sin embargo, que Pedro Sánchez, en lugar de enmendar los errores de sus antecesores en el cargo, pretende incurrir en ellos de forma aun más escandalosa y contraproducente, como pone en evidencia su ocurrencia de ofrecer a los golpistas un referéndum para un mayor autogobierno sobre la base de un nuevo estatuto que tendría como referencia el que fue en parte declarado ilegal en 2010 por el Tribunal Constitucional.
Grave es que el anterior Gobierno socialista, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, cometiera en su día la insensatez de someter a votación el estatuto catalán sin constatar previamente su compatibilidad con la Carta Magna, pero es mucho peor que Sánchez ofrezca esa zanahoria a los golpistas cuando ha sido declarado inconstitucional por el TC. Si lo primero fue una temeraria irresponsabilidad, la oferta de Sánchez entraría de lleno en lo tipificado como delito de prevaricación, pues no otra cosa es impulsar una reforma legislativa a sabiendas de que es contraria al ordenamiento constitucional.
Lo más bochornoso de todo, al tiempo que previsible, es que esta repugnante e ilegal oferta del Gobierno a los golpistas ha resultado, tal y como sucede con todo intento de contentar a los que no se van a contentar, completamente contraproducente: lejos de apaciguar a los sediciosos, les ha reforzado en su determinación de persistir en su abierto y radical desafío al Estado de Derecho. Si el lunes fue el golpista prófugo Carles Puigdemont el que rechazaba por insuficiente la oferta de Sánchez, este martes ha sido su testaferro o sucesor en la presidencia de la Generalidad, Quim Torra, el que se ha permitido rechazarlo en beneficio de un referéndum de autodeterminación, al tiempo que reivindicaba la consulta secesionista del 1-O y la no menos ilegal declaración de independencia del 27 de octubre.
Las sediciosas declaraciones de Torra, que ha instado a los ciudadanos a movilizarse contra los tribunales y convocado una "gran manifestación" contra el orden constitucional, justificarían por sí solas que el Gobierno le exigiera una retractación pública so pena de destituirlo fulminantemente a todo su Gabinete mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que, como todo el mundo debería saber, y a diferencia del Código Penal, no está previsto para castigar delitos sino para evitar que se perpetren desde las propias instituciones autonómicas en contra del interés general de España.
La determinación de golpismo secesionista no es más que la lógica consecuencia de la no menos persistente pusilanimidad y condescendencia de los Gobiernos centrales, que no sólo no ven con malos ojos la independencia de facto de la Cataluña nacionalista, sino que la estimulan e impulsan con la quimérica esperanza de que al hacerlo los separatistas renuncien a la independencia de iure.
Así las cosas, ya no se trata de preguntarse, en términos orteguianos, si España puede conllevar la autonomía catalana con indeseables como Mas, Puigdemont o Torra al frente de la Generalidad, sino si puede soportar a sujetos como Zapatero, Rajoy o Sánchez al frente del Gobierno sin desarticularse como Estado de Derecho.