Hace tiempo que la Fiscalía General del Estado, bien por iniciativa propia, bien a instancias del Gobierno, debería haber tomado cartas en el asunto para acabar con la clamorosa impunidad con que los gobernantes regionales catalanes vienen haciendo ostentoso caso omiso a la Constitución y a todos los pronunciamientos del Tribunal Constitucional contrarios al proceso secesionista que están perpetrando.
Frente a esa pasividad, la entidad cívica Libres e Iguales ha decidido presentar ante la Fiscalía General del Estado una denuncia contra la presidenta del Parlamento autonómico catalán, Carme Forcadell, por el pleno en que, ignorando las resoluciones del TC, colocó a dicha cámara fuera de la ley y dio comienzo al proceso de desconexión del resto de España. La denuncia, advierten, puede extenderse a los demás miembros de la Mesa y al Gobierno de Carles Puigdemont, así como incluir el delito de malversación de fondos públicos.
Ciertamente, tal y como se relata en la denuncia, el proceso secesionista en Cataluña es una crónica de desobediencias a las sentencias del TC, desobediencias de las que han hecho gala nada más conocerse los pronunciamientos del tribunal.
Ante tan reiterado espectáculo, resulta bochornoso que la Fiscalía General del Estado de Consuelo Madrigal se haya limitado a hacer vacuas e ignoradas advertencias a los golpistas o, lo que es infinitamente peor, a dar el visto bueno a que el Ministerio Público en Cataluña retirara de su escrito de acusación contra Artur Mas el delito de malversación de fondos, el único de los presentados en su día por el anterior fiscal general del Estado contra el expresidente autonómico castigado con pena de cárcel.
Aunque las violaciones del ordenamiento jurídico que se vienen perpetrando en Cataluña desde noviembre de 2015 sean tan clamorosas y reiteradas como las perpetradas con ocasión de la ilegal consulta del 9 de noviembre de 2014, y aunque se considere que son igualmente constitutivas de malversación de fondos públicos, dados los antecedentes es comprensible la muy comedida denuncia presentada por Libres e Iguales, que, por el momento, se dirige únicamente contra la presidenta del Parlamento regional y sólo por el delito de desobediencia.
Confiemos, en cualquier caso, en que esta denuncia prospere y ponga fin, aunque sea parcialmente, a la impunidad y a la financiación extraordinaria que los separatistas catalanes vienen disfrutando desde 2012.