Es cierto, tal y como la propia juez Alaya reconoce en el auto en el que solicita la imputación de los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como a cinco de sus consejeros, que un juez de instrucción "no puede realizar con respecto a personas aforadas un juicio formal de imputación". Esto no significa, sin embargo, que dicha juez no pueda darles traslado de las actuaciones que se estén realizando para que se personen si así lo desean y, tras agotar las diligencias de investigación que en su caso pudieran determinar cierto grado de responsabilidad de los aforados, remitir testimonio de la causa al tribunal superior competente.
Esto y no otra cosa es lo que ha decidido la juez Alaya, quien todavía no está dispuesta a remitir la instrucción a los órganos competentes para enjuiciar a dichos aforados sin antes terminar de atar todos los cabos de la misma. Esto fue lo que la propia Audiencia de Sevilla le reclamó en su día al ordenarle expresamente que apurase y depurase el proceso antes de darle curso ante otras instancias judiciales superiores, no sin antes, si era el caso, informar de su situación a los aforados que pudieran verse implicados en el proceso.
Esta cuestión de índole formal no debería ser utilizada, en cualquier caso, de parapeto por parte de los implicados ni, menos aún, como excusa para no afrontar su responsabilidad política, que no puede consistir en otra cosa que en dimitir de todos aquellos cargos que les otorgan el inmerecido privilegio del aforamiento.
Por mucho que Griñán y Chavez hayan querido en todo momento presentarse ajenos al monumental escándalo de corrupción que constituye el caso de los ERE fraudulentos, estaba cantado que tarde o temprano deberían afrontar sus responsabilidades, tanto políticas como penales, especialmente tras los testimonios prestados por el director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, y el interventor general, Manuel Gómez Martínez.
Resulta significativo que el PSOE arremeta contra la Juez Alaya y le acuse de practicar una "caza de brujas", sin más base que la condición de aforados de los dos expresidentes andaluces. Más que confiar en la inocencia de ambos, parecería que los socialistas confían en la politización de los altos tribunales y en su capacidad de ponerles a salvo de la acción de la autentica Justicia.
Lo que también resulta evidente por enésima vez es que el PSOE utiliza una doble vara de medir en lo que a la denuncia de la corrupción se refiere, en función de si les afecta o no.
No negamos que este auto de Alaya haya aguado la fiesta al nuevo Gobierno andaluz, que preside Susana Díaz. Pero la culpa de ello no la tiene ninguna juez dispuesta a combatir la corrupción, caiga quien caiga, sino aquellos que han perpetrado y permitido semejante malversación de fondos públicos, que no son otros que los que han designado como herederos a los actuales gobernantes de Andalucía.
Si de verdad la presidenta andaluza quisiera hacer borrón y cuenta nueva contra la corrupción, en lugar de aceptar de forma continuista el testigo del poder de manos de dirigentes directamente implicados en este gravísimo escándalo de corrupción, debería convocar elecciones de manera inmediata. Pero está visto que los socialistas están dispuestos a sostenella y no enmendalla.