Una cosa es que el valenciano, el euskera, el catalán o el gallego sean, como el castellano, lenguas españolas, y otra muy distinta que estas lenguas regionales sean, como el castellano, lengua materna o, cuanto menos, lenguas habladas por la totalidad de los españoles. Esta condición de lengua común de todos los españoles sólo la tiene el castellano y esa es la razón por la que algo que originariamente era un extranjerismo, como el de referirse al castellano como “español”, esté desde hace siglos plenamente justificado, Especialmente cuando se usa en contraposición con lenguas extranjeras. Esa es la razón también por la que el articulo 3 de la Constitución dice que “el castellano es la lengua española oficial del Estado” al tiempo que señala que “las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas”.
Teniendo presente esta obviedad nos podemos hacer una idea de hasta qué punto es ridícula y orwelliana la proposición no de ley de las formaciones separatistas, respaldada por Podemos, que persigue acabar con lo que consideran “la imposición legal del castellano”; todo con el objetivo de extender el uso de las lenguas cooficiales reconocidas, garantizar su uso en el Congreso, los tribunales de justicia o RTVE, permitir que figuren en el etiquetado de productos, y reconocer nuevas, como el asturiano, en referencia al dialecto bable.
Ya resulta patético que Podemos y las formaciones separatistas, todas ellas enemigas de la libertad de elección de lengua en el ámbito educativo, hablen de “imposición del castellano” cuando son ellas las que secundan la obligación de estudiar o de rotular, bajo pena de fuertes multas, en lenguas regionales en aquellas comunidades autónomas en las que el español no es la única lengua oficial. Con todo, más ridículo todavía es su pretensión de que los españoles tuviesen obligatoriamente que usar traductores en el Congreso, en los tribunales de Justicia o en la televisión, todo para no tener que usar la lengua común en la que todos ellos se entienden, el español.
A este respecto, no sabemos si los representantes de Bildu, PDeCAT, BNG, Más Pais y Podemos han negociado esa proposición no de ley en la lengua que todos ellos conocen o, por el contario, han dado ejemplo y han excluido “la imposición del castellano” mediante traductores de catalán, gallego o euskera. Lo que sí sabemos es que su ridícula proposición, liderada por los proetarras de Bildu, destila odio a la libertad, a la Nación y a todo lo que una a los españoles. Lo que sabemos es que su esperpéntica y orwelliana pretensión trata de encubrir una trágica realidad como es la de las coactivas barreras que impiden a los españoles trabajar o estudiar en España, no la “imposición del castellano” sino, por el contrario, con la imposición racista y excluyente de lenguas regionales que, a diferencia del castellano, no son ni han sido nunca lengua común de todos los españoles.