El segundo aniversario del golpe separatista contra el Estado perpetrado el 1 de octubre de 2017 se produce en un contexto de creciente tensión en una Cataluña cortocircuitada por unos nacionalistas diríase que incapacitados para no hacer daño al Principado.
La detención de siete integrantes de los liberticidas Comités de Defensa de la Revolución (CDR), que podrían haber cometido un atentado este mismo martes, y la reacción que la misma provocó en el separatismo en pleno ha representado un nuevo punto de inflexión, ha hundido aún más en la ignominia al nacionalismo catalán, en especial al supremacista Quim Torra, que detenta el control de una Generalidad a la que están infligiendo un daño tremendo.
Buena prueba de que la situación es insostenible incluso en las propias estructuras separatistas que han hecho presa en las instituciones regionales catalanas es la dimisión del director general de los Mozos de Escuadra, cuerpo integrado por 17.000 hombres armados y convertido por el nacionalismo en una policía política de las que caracterizan a los regímenes más execrables del planeta.
El separatismo no está dispuesto a cejar en su empeño guerracivilista y sigue la pauta dictada por el infame Torra, encantado de jalear a los peores elementos de la sociedad catalana. Con semejante personaje al frente del Gobierno regional, es prácticamente imposible que Cataluña recupere la normalidad cívica y democrática.
Si ya es escandaloso que Torra ensucie la Generalidad con su fanatismo infecto y criminógeno, la relación de una hermana de su padrino Carles Puigdemont y del denominado CNI catalán con los CDR detenidos por terrorismo la semana pasada hace insostenible la posición de Torra y obliga al Gobierno a actuar de inmediato.
En efecto, es perentorio que el Ejecutivo tome cartas en el asunto, como acertadamente ha demandado Pablo Casado a Pedro Sánchez, y active los resortes legales que permitan al Estado central recuperar el control de la seguridad en Cataluña mientras se pone en marcha el procedimiento para intervenir la autonomía catalana al amparo del artículo 155 de la Constitución. Una intervención que debe hacer lo que no hizo la anterior: garantizar la restauración efectiva del orden constitucional en el Principado.