Esta vez Vox no se ha quedado solo pidiendo la intervención del Tribunal Constitucional (TC) ante las escandalosas vulneraciones de la Carta Magna que perpetra el Gobierno de Pedro Sánchez y sus aliados chavistas. Y es que Pablo Casado ha anunciado este miércoles que el PP llevará ante el alto tribunal la aberrante Ley de Vivienda probada por socialistas y comunistas, un bodrio jurídico liberticida contra el que un día antes también anunciaba recurso la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Hacen bien los partidos constitucionalistas en recurrirla y no aplicarla en las comunidades que gobiernan, pues constituye una cuasi expropiación del derecho a alquilar y un ataque formidable contra la libertad contractual y el derecho de propiedad. No es de extrañar, en este sentido, que los promotores de viviendas hayan alertado del parón de la construcción y de los demás efectos perniciosos que va a generar la enésima fechoría social-comunista.
Cuando un Gobierno se muestra tan decidido a dinamitar las reglas constitucionales del juego, toca encomendarse al Poder Judicial. De ahí la obsesión social-comunista de someterlo por completo, evidenciada en su persistente negativa a que los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dejen de estar designados en su totalidad por el Legislativo.
Esta pulsión totalitaria, lejos de atenuarse, no hace sino acrecentarse. Así, fuentes del Tribunal Supremo (TS) han denunciado a El Mundo que la "resistencia" del Gobierno está frenando la extradición del prófugo Carles Puigdemont, mientras el Tribunal Constitucional sale al paso de las intoxicaciones del Ejecutivo y avala públicamente la vigencia de la euroorden de detención del golpista dictada por el TS.
También este miércoles, socialistas y comunistas han visto cómo el Tribunal Constitucional tumbaba su esperpéntico recurso contra la prisión permanente revisable, aprobada por el anterior Gobierno del PP. Eso, veinticuatro horas después de que, gracias a un recurso de Vox, declarara la inconstitucionalidad del antidemocrático cierre del Parlamento durante el estado de alarma por vulnerar el derecho al control parlamentario. Si a todo esto se añade la reciente declaración de inconstitucionalidad del estado de alarma, igualmente recurrido por la formación de Abascal, cabe hacerse una muy precisa idea de hasta qué punto el control y la sumisión total del Poder Judicial es un objetivo crucial para Sánchez y su banda.
Resistir a esa pretensión debe ser una absoluta prioridad para quien quiera liderar la oposición y ofrecer una alternativa creíble a este Gobierno infame.