Está visto que el golpista y prófugo de la Justicia Carles Puigdemont no renuncia a ser investido a distancia nuevo presidente de la Generalidad. Este mismo jueves su partido, Junts per Catalunya, ha registrado en el Parlamento regional una solicitud de voto delegado del presidente depuesto y de los dos diputados electos que le acompañan en su cobarde fuga a Bruselas.
Teniendo presente el monumental desprecio que los separatistas han venido mostrando a todo reglamento, ley, informe o sentencia contrarios a sus fines, así como la bochornosa interpretación que este miércoles hacían del reglamento de la Cámara autonómica para aceptar la delegación de voto de los diputados presos, no es de extrañar que los que escaparon a Bruselas no renuncien a salirse con la suya. Está por ver, con todo, que lo consigan, puesto que la aceptación de la delegación de voto de los golpistas fugados, así como el visto bueno a la defensa no presencial ante la Cámara por parte del candidato a la presidencia, implicaría una burla aún mayor al reglamento que la que supuso la aceptación de la delegación de voto de los diputados presos.
Contra las pretensiones de Puigdemont está no sólo el artículo 93 del reglamento de la Cámara, también los artículos 4.3 y 146, que dan por hecho que quien defiende ante la Cámara su investidura tiene que estar físicamente presente ante la misma. Ello sin olvidar tampoco el informe –eso sí, no vinculante– de los propios letrados del Parlamento catalán, que unánimemente han afirmado que la investidura del candidato debe ser "personal y presencial".
A la espera de lo que decida el nuevo presidente de la Cámara, Roger Torrent –supuesto moderado que no se quita de la solapa el lazo amarillo en solidaridad con los golpistas fugados o encarcelados y que todavía no descarta ni la investidura de Puigdemont ni visitarlo en Bruselas con dinero público–, lo que resulta claro es que las formaciones secesionistas siguen a lo suyo: si el senador de ERC Miquel Àngel Estradé se ha permitido calificar de "colonos" y "ocupantes" a los representantes de Ciudadanos, uno de sus periodistas a sueldo público de TV3 reprochaba, más que preguntaba, a Inés Arrimadas por el hecho de que algunos diputados de su partido no entonaran ayer Els Segadors en la Cámara regional. Mientras tanto, algunos funcionarios de la Generalidad se permiten mofarse de la aplicación del 155 colgando carteles en solidaridad con los golpistas en los edificios públicos de la Generalidad.
Ante semejante espectáculo –corolario lógico de una no menos circense intervención de la autonomía en rebeldía, llevada a cabo con el mero objetivo de convocar, antes del juicio a los golpistas, sus cuartas elecciones en los últimos siete años–, el único consuelo reside en la acción de una Justicia independiente. Ella es la que puede impedir que los separatistas prosigan su escalada; lo que no significa –que nadie se engañe– que vayan a bajar del monte.