Las protestas ciudadanas contra el proyecto de remodelación de una de las principales arterias de la capital burgalesa ha sido el pretexto utilizado por grupos de extrema izquierda para llevar a cabo sus acciones violentas. Desde el pasado fin de semana se suceden los disturbios, con graves daños para el mobiliario urbano y ataques a las fuerzas del orden, que, en el ejercicio de su deber, están intentando poner coto a estos actos de violencia organizada que utilizan el malestar legítimo de una parte de la población como justificación para sus desmanes.
Las obras iniciadas en la calle Vitoria a su paso por el barrio burgalés de El Gamonal han soliviantado a una parte de los residentes de la zona. Por supuesto, todos aquellos que se crean perjudicados por la decisión municipal están en su derecho de mostrar su rechazo al proyecto del Consistorio, pero precisamente para que puedan ejercer esa facultad pacíficamente las fuerzas del orden tienen que actuar con la mayor firmeza contra aquellos que quieren sacar provecho político del enfado popular.
Sólo hay que echar un vistazo a la identidad y biografía de algunos de los ya detenidos, ocho de ellos menores de edad, para constatar que poco o nada tienen que ver con el conflicto suscitado entre vecinos de esa barriada y el Ayuntamiento. Varios de ellos son viejos conocidos de las Fuerzas de Seguridad por contar con antecedentes por delitos que incluyen el robo con violencia, el atentado contra la autoridad o el maltrato familiar. Algunos han sido identificados como integrantes de partidos de la izquierda radical que actúan fuera del País Vasco y Navarra como correas de transmisión de las formaciones proetarras. A la vista de esos datos, resulta evidente que detrás de la oleada de violencia que sufre Burgos desde el pasado viernes hay otros intereses distintos de la legítima protesta de una parte de los burgaleses contra un proyecto de remodelación urbana.
Lo que estamos viendo en Burgos es algo que resulta ya demasiado frecuente cuando gobierna el PP. Las bases más radicales de ese mundo se consideran legitimadas para actuar con violencia contra las decisiones que, legítimamente, adoptan los distintos Gobiernos en el ejercicio de sus funciones, actitud que se ve favorecida por determinados mensajes políticos y decisiones judiciales que, directa o indirectamente, dan por buenas esas acciones, puramente liberticidas.
A pocos meses de una importante cita electoral, cabe prever que el fenómeno se vaya agravando a menos que el Gobierno actúe con la firmeza necesaria para ponerle coto. El ejercicio pacífico de los derechos constitucionales exige poner fuera de circulación a aquellos que se aprovechan de las garantías del Estado de Derecho para hacer pagar a los demás la frustración de sus sucesivos fracasos en las urnas.