Tras desbancar del Gobierno al PP con el apoyo de populistas antisistema y de separatistas catalanes y vascos –incluidos los proetarras–, y tras confirmar que no va a convocar elecciones hasta el final de la legislatura, Pedro Sánchez ha aprovechado la primera sesión de control a su Ejecutivo para pedir al PP "la misma lealtad" que, según él, tuvo el PSOE en la oposición para "garantizar el orden constitucional" y para "no agitar el agravio territorial".
Se trata de una muestra de desfachatez difícilmente superable, no ya por las formaciones golpistas y abiertamente contrarias al orden constitucional que han llevado al Gobierno a un PSOE con los peores resultados electorales de su historia, sino por la radical negativa de los socialistas a utilizar el artículo 155 de la Carta Magna para restablecer el orden constitucional en Cataluña mediante una larga y profunda intervención de la Administración regional golpista.
Aunque la delirante idea de reducir el 155 a mero mecanismo de convocatoria electoral fuera ocurrencia de Ciudadanos y responsabilidad máxima del PP, que entonces manejaba el Gobierno, fue fundamentalmente la falta de lealtad y vigor del PSOE en la defensa del orden constitucional la razón de ser de ese estéril acuerdo de mínimos frente al desafío separatista.
Con todo, la mayor desfachatez de Sánchez está en su petición de "lealtad constitucional" al PP a la vez que reprocha a este partido que recurriese ante el Tribunal Constitucionalel estatuto soberanista catalán de 2006. Por lo visto, "la falta de sentido de Estado", "el agravio territorial" o "la deslealtad constitucional" no eran de quienes elaboraron aquel texto claramente contrario a la Constitución, sino de quienes, gracias a su recurso, permitieron al TC limar sus aspectos más manifiestamente contrarios a la Carta Magna.
Sea como fuere, este guiño de Sánchez al secesionismo catalán, como su petición de acercamiento de los golpistas presos a cárceles catalanas, no por repugnante deja de ser patético. Y lo es, en primer lugar, porque los separatistas ya no aspiran a otra cosa que no sea la absoluta impunidad de los golpistas y a la creación de un Estado independiente. Y, aunque no fuese así, hay que tener presente la imposibilidad que tendría Sánchez de reformar la Constitución para dar cabida al estatuto soberanista felizmente recurrido por el PP. Si el propio Sánchez reconoce que no va a poder acabar con la reforma laboral del PP ni va a poder sacar adelante un nuevo modelo de financiación autonómica, menos aún podría dar a los secesionistas más de lo que les ofreció el funesto Gobierno de Rajoy y de Soraya Sáenz de Santamaría durante la mal llamada operación Diálogo.
Lo único que puede lograr Sánchez con estos guiños al secesionismo catalán es abortar el trasvase de votantes no nacionalistas de Podemos al PSOE y mantener abierta la fuga de votantes del PSOE a favor de Ciudadanos. Y es que una cosa es que los socialistas estén sobrados de desfachatez y otra, muy distinta, que anden sobrados de votantes.