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EDITORIAL

Secesión y corrupción

Sería surrealista que el actual y mucho más grave proceso secesionista sirviera de tapadera de lo que ya entonces era un secreto a voces.

Se suponía que los registros efectuados el pasado viernes por la Guardia Civil en la sede de su partido iban a alterar la pretensión de Artur Mas de convertir su comparecencia en el Parlamento catalán de este miércoles en un mitin para explicar el carácter plebiscitario de las elecciones autonómicas del 27-S. Sin embargo, lejos de dar explicaciones que cuestionen la necesidad de llevar a cabo esos registros o la validez de los numerosos documentos que apuntan a una financiación irregular de su partido a través de comisiones procedentes de la adjudicación de obra pública, el presidente de la Generalidad se ha dedicado a reivindicar sus pretensiones de secesión política para no tener que dar ninguna explicación sobre este caso de corrupción económica.

Liderar un ilegal proceso de construcción nacional no da derecho a ningún partido ni líder político a no ser investigado por financiación irregular. Tampoco se lo da el hecho de que estemos en vísperas de unas elecciones autonómicas, que el presidente de la Generalidad quiera otorgar a éstas un ilegal carácter plebiscitario respecto de la independencia de Cataluña. Artur Mas no puede escudarse en que la Fiscalía y la Guardia Civil dependen de las estructuras del Gobierno central para no dar explicaciones sobre las supuestas mordidas de su partido ni, menos aún, utilizar esta dependencia como prueba de la ilegítimidad de las labores de investigación.

Tampoco el hecho de que esta actuación judicial se haya filtrado a la prensa invalida unos registros que forman parte de una investigación sobre el supuesto pago de comisiones de la empresa Teyco, controlada por la familia de Carles Sumarroca –cofundador de CDC–, que se remontan a la época en que Artur Mas era secretario general de Convergencia y, por tanto, responsable del funcionamiento del partido.

Hay que lamentar las filtraciones y la teatralidad en las actuaciones judiciales, pero lo cierto es que en los registros efectuados en la sede de Convergencia y en la fundación Catdem a nadie se esposó ni se detuvo teatralmente, como sí ha ocurrido en otros casos, incluidos los que afectan a algunos miembros del PP. Por otra parte, la filtración no altera el fondo del asunto: una verdad no se convierte en mentira por el hecho de que se filtre ni una mentira deja de serlo porque se mantenga en secreto.

Es cierto que el proceso de reforma soberanista del estatuto de autonomía catalán permitió a Convergencia hace diez años lograr que Pasqual Maragall se retractara de su célebre acusación del 3%. Sin embargo, sería surrealista que el actual y mucho más grave proceso secesionista sirviera de tapadera de lo que ya entonces era un secreto a voces. Pero a eso aspira Convergencia, tanto como los que le acompañan en Junts pel Sí.

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