Los socialistas apenas disimulan su malestar por el encarcelamiento de los golpistas catalanes. Poco a poco, destacados dirigentes del PSOE van destilando en los medios de comunicación opiniones contrarias la reclusión de los dirigentes del golpe separatista, y ya hay quien, desde las filas del Ejecutivo, apela a un futuro indulto una vez se dicte sentencia. Es el caso de la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, cuyas palabras se suman a una estrategia de concesiones a los independentistas pergeñada para asegurar los infames cambalaches de Pedro Sánchez con quienes andan incursos en la voladura del orden constitucional y le colocaron en la Moncloa.
La propia vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha abogado por la libertad provisional de los golpistas y afirmado que la Generalidad de Cataluña, en manos de golpistas orgullosos de serlo y teledirigida por el prófugo Carles Puigdemont , "no toma ninguna decisión que no esté en el ámbito estrictamente legal".
Estas palabras se enmarcan en la referida estrategia intolerable de presión al Poder Judicial, de la que también participan los ministros de Política Territorial, la nacionalista Meritxell Batet, y Exteriores, Josep Borrell, ese adalid del constitucionalismo que proclama en la prensa internacional que Cataluña es una nación.
Esto no ha hecho más que empezar. A medida que se aproxime la apertura del juicio oral, es de prever que arrecien las declaraciones injerencistas de los socialistas, ominosamente dependientes de los enemigos de la Nación para el sostenimiento del doctor Sánchez en el poder.
No pasa un día sin que este Gobierno felón dé una poderosa muestra de su peligrosidad. Los españoles no lo votaron y no se merecen estar a merced de su escalofriante falta de escrúpulos.