Ya resulta lamentable que ningún Tribunal de nuestro país haya condenado a los golpistas catalanes a indemnizar a los contribuyentes por las decenas de millones de euros que costó al erario público el contingente policial desplazado en Cataluña por causa del empecinamiento de los sediciosos mandatarios autonómicos de celebrar una segunda consulta secesionista el 1 de octubre de 2017, referéndum no menos ilegal que el perpetrado el 9 de noviembre de 2014.
No menos bochornoso resulta que tampoco se les haya reclamado un solo euro por el dinero público desviado para la financiación de ilegales estructuras de Estado, tales como el Consejo Asesor para la Transición Nacional de Cataluña o la pila de millones con las que el Ejecutivo regional golpista aumentó las subvenciones de la TV3 con el confeso objetivo de "empujar a favor de la independencia y de la consulta soberanista en marcha".
De hecho, las reclamaciones que ya les hiciera a los golpistas el Tribunal de Cuantas de 5,2 millones por el 9-N y de 4,1 millones por el 1-O, al que ahora se suma un embargo de 5,42 millones entre 40 ex altos cargos secesionistas por la promoción exterior del golpe de Estado, es una factura ridículamente pequeña comparado con lo que realmente ha costado -y sigue costando- al contribuyente ese subversivo y carísimo "procès d´independència" iniciado en 2012 que ahora se quiere prolongar con una tercera consulta secesionista.
Está visto, sin embargo, que los socios golpistas y podemitas de Pedro Sánchez no se contentan con los indultos a los autores del 1-0 como no se contentaron en su día con la bochornosa retirada por parte de la Fiscalía de cargos que implicaran penas de cárcel a los autores del 9-N. No sólo exigen la impunidad por el desafío a la ley sino también la gratuidad por el costo que los golpistas han infringido al bolsillo del contribuyente.
Buena prueba de ello es el inadmisible hostigamiento que está sufriendo el Tribunal de Cuentas no sólo por parte de los socios comunistas y separatistas de Sanchez sino por el propio presidente de gobierno. Como bien ha alertado desde Vox, Espinosa de los Monteros, asistimos a una autentica "amenaza totalitaria". Eso, mientras el presidente del gobierno se reúne con el actual y no menos sedicioso presidente regional de Cataluña, bochornosa reunión al que el presidente del gobierno le ha dado una impronta de complicidad manifestado algo tan radicalmente falso como decir que un referéndum por la independencia de Cataluña "cabe en la Constitución" si está pactado con el Gobierno. Como verán, con traidores como este al frente del Gobierno, España no necesita grandes enemigos.