El escritor Albert Sánchez Piñol se despoja de prejuicios ideológicos a la hora de promover las ventas de su novela Victus. Guiándose por la ley del mercado, la publicó inicialmente en castellano, la lengua de quienes hoy denuncia como opresores históricos, y sólo cuando tuvo asegurado el éxito salió del armario secesionista, la publicó en catalán y se sumó ostentosamente a la cruzada rupturista. Sin embargo, aun así, pretende seguir explotando la veta española hasta donde lo permita la paciencia de algunos funcionarios. Todo parece indicar que esta paciencia se ha agotado.
Ardió Troya
Cuenta Sánchez Piñol (LV, 6/9) que "los de Diplocat" le pidieron que presentara la versión en holandés de la novela en Ámsterdam, obviamente como parte de la campaña de propaganda secesionista que la Generalitat desarrolla en el exterior a través de este organismo desprovisto de estatus legal que se denomina, pomposamente, Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya. Y en el coloquio posterior "una chica que se identificó como secretaria de la embajada y que llevaba el discurso escrito" tuvo la audacia de desacreditar las tesis del libro. "Me siento fatal, es humillante", rezonga el autor, convencido de que los favoritos del ficticio Diplocat gozan de inmunidad para diseminar sus fabulaciones.
Al día siguiente, el Instituto Cervantes suspendió la presentación de esa misma versión holandesa de Victus en la ciudad de Utrecht. Y entonces ardió Troya. Sánchez Piñol vio frustrada la estrategia comercial que había planificado para que los contribuyentes españoles pagaran dos veces la promoción de un libro que los denigra.
La primera vez, en el acto de Diplocat, entidad fantasma que sobrevive gracias a que, como explicó Soraya Sáenz de Santamaría (LV, 7/9), las ayudas "ocultadas" del Ejecutivo de Rajoy "han garantizado con 40.000 millones de euros el funcionamiento de la administración de la Generalitat y el pago de sus facturas". Sin esas ayudas quebraría la estructura del Estado paralelo que se ha creado en Cataluña, con sus actividades pseudodiplomáticas, movimientos populistas, manifestaciones de corte peronchavista, medios de comunicación regimentados, museos de escombros trucados y un largo etcétera de derroches improductivos.
La segunda vez que los contribuyentes españoles habrían ayudado a la promoción comercial de un libro que los denigra habría sido en el Instituto Cervantes de Utrecht, ahora sin ocultamientos. La reacción de los secesionistas, acostumbrados a colar sus mercancías de tapadillo para que luego sean los perjudicados quienes les financian sus trapacerías, fue fulminante (LV, 7/9):
El conseller de Cultura de la Generalitat, Ferran Mascarell, tachó ayer de "censura" y de "actitud impropia de la democracia" los hechos, un día después de que el president Artur Mas dijera sobre el asunto que "intentan boicotearlo todo, si pueden, así que sin novedad en el frente".
El colmo de la desfachatez
Es el colmo de la desfachatez que la palabra censura brote de los labios de quienes controlan con mano de hierro la programación de TV3 y de todos los medios de comunicación públicos y subvencionados de Cataluña. ¿Acaso el simposio España contra Cataluña no estuvo marcado por la censura contra todos los académicos discrepantes? ¿Y no es una censura inicua la que castiga a los niños prohibiéndoles tener como lengua vehicular en la escuela la que ordenan utilizar todos los tribunales de justicia? Si incluso ejercen la censura sobre los medios que están fuera de su jurisdicción, como cuando el Museo de Historia de Barcelona no permitió rodar escenas de la serie de ficción histórica Isabel, de TVE, en las escalinatas, la puerta de entrada y una de las ventanas del Saló del Tinell de la plaza del Rei, porque no se ceñía a los criterios de rigor histórico que sustentan los nacionalistas catalanes (El Periódico, 13/9/2013).
La que, pretendiendo hacer lo contrario, dio los argumentos más sólidos para demostrar que la simiente totalitaria está implantada en el movimiento secesionista del que ella es abanderada fue la panfletista Pilar Rahola, que increpó (LV, 6/9):
Cuando un Estado necesita perseguir a intelectuales, tanto en su territorio como en el extranjero, es que está en plena descomposición.
Cegada por sus obsesiones fóbicas, Rahola olvida que el Instituto Ramon Llull y la Generalitat dieron sobradas pruebas de esa descomposición cuando excluyeron a los escritores catalanes en lengua castellana de la lista de invitados a la Feria de Francfort (El País, 13/6/2007). Entre los discriminados estaban Eduardo Mendoza, Juan Marsé, Sergi Pàmies, Javier Cercas, Enrique Vila-Matas y Carlos Ruiz-Zafón. Y no volvamos al tema de la razzia de intelectuales que confirmó la naturaleza sectaria del simposio España contra Cataluña.
Otro que se dispara un tiro en el propio pie es Oriol Pi de Cabanyes cuando sostiene (LV, 8/9) que la negativa del Instituto Cervantes a servir de plataforma para discursos hispanófobos "muestra una actitud liberticida propia de la Inquisición o los tercios de Flandes". Así es, precisamente, con una actitud liberticida propia de la Inquisición o los tercios de Flandes, como funciona la política de los órganos del poder paralelo secesionista que defiende Pi de Cabanyes, poder cuyos amanuenses proscriben toda opinión o iniciativa heterodoxa. Los secesionistas viven anclados en la época de las tinieblas, evocando guerras dinásticas, disfrazándose de felizmente extinguidos miquelets y trabucaires, desfilando entre tumbas con las antorchas del Ku Klux Klan y congregándose en festivales del rencor que son anatema en los países civilizados de nuestro entorno que se masacraron los unos a los otros en el siglo XX y no en el XVIII.
Un espacio de inopia
En medio de esta polémica, es oportuno destacar que Albert Sánchez Piñol pertenece a la cofradía de secesionistas que niegan, contra toda evidencia, que la Realpolitik pone obstáculos insalvables a la entrada de una Cataluña independiente en la Unión Europea. Su argumentación, que confunde torpemente la Europa geográfica con la Unión Europea funcional, lo sitúa en un espacio de inopia que no es compatible ni con el Instituto Cervantes ni con una escuela de párvulos. Alucinó Sánchez Piñol (LV, 20/4):
Y lo que sorprende es que hasta ahora el debate se ha centrado en la pregunta: "¿Sería legal la permanencia de España en Europa?". La única explicación que encuentro a tal planteamiento es la sobreabundancia de leguleyos, abogaduchos y notarietes que colonizan las tertulias, y que razonan como si los procesos históricos tuvieran que enmarcarse en el código civil. (…) Quizás la pregunta pertinente sea otra: "En caso de secesión, ¿le interesaría a Europa prescindir de una Catalunya próspera, democrática y europeísta?"
La pregunta pertinente ya la han contestado todos los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea: no es esta la que prescinde de Cataluña sino Cataluña la que rompe con la Unión Europea si se separa del país miembro, que es España.
Parece que Mariano Rajoy encontró interesante la novela Victus, aunque la juzgó escrita en clave nacionalista, pero esto no justifica que todos los contribuyentes españoles, a quienes el autor propone convertir en extranjeros, sufraguen con su dinero las charlotadas secesionistas, ya sea a través del Diplocat apuntalado por el Fondo de Liquidez Autonómico o a través del Instituto Cervantes. Albert Sánchez Piñol está enrolado en el bando de quienes ejercen un poder monolítico para silenciar las voces disidentes mientras él disfruta de una libertad irrestricta para difundir sus ideas a los cuatro vientos en esta sociedad abierta, que tolera incluso a sus enemigos. Pero podemos oponernos a que lo haga con nuestro dinero. Liberales hasta la médula, sí. Cornudos y contentos, no.