Mientras escribo, se debate en el Senado colombiano la rendición ante las FARC. El acuerdo, patrocinado por los Castro y toda la izquierda occidental, ha superado el escollo de haber sido rechazado por el pueblo colombiano mediante el expeditivo recurso de no someterlo esta vez a su consideración. Cuando Juan Manuel Santos decidió convocar un referéndum para ratificarlo no lo hizo por gusto, sino para blindarlo frente a cualquiera que en el futuro quisiera revisarlo. Pero, a la vista del obstinado empeño del pueblo colombiano en conservar su dignidad, Santos ha decidido que al nuevo acuerdo, un simple refrito del anterior, le basta la ratificación del Congreso, donde el presidente disfruta de mayoría. Dado su alcance, que incluye la creación de tribunales especiales para exculpar a los terroristas o la atribución de escaños a las FARC sin necesidad de tener que ser elegidas, Santos asume el riesgo de que el acuerdo, sin referéndum, sea tachado de inconstitucional. De hecho, Álvaro Uribe está pensando en abstenerse, en vez de votar no, para poner en evidencia la inconstitucionalidad del procedimiento.
Los tribunales especiales para la paz que crea el acuerdo no sólo están encargados de blanquear a los terroristas, sino que también podrían juzgar a los militares y policías que, en su lucha contra las FARC, hayan podido contrariar a Timochenko. Esta pesadilla que está sufriendo uno de los pocos países hispanoamericanos que, a pesar las muchas dificultades, ha logrado conservar su democracia como algo más que aparente sólo ha sido posible por el vergonzoso y abrumador respaldo que ha recibido desde Occidente. El patrocinio de los Castro debería haber bastado para que países como Estados Unidos, España o toda la Unión Europea se mostraran más recelosos. Pero como aquí cualquier cosa que se haga en nombre de la paz ha de ser necesariamente buena, Obama y, detrás de él, toda la progresía occidental han respaldado el oprobioso acuerdo.
Encima, todo ha tenido que ser amañado echando virutas para que Santos pueda presentarse en Oslo a principios del mes que viene a recoger el premio Nobel de la Paz con algo que ofrecer a los parlamentarios noruegos. Mucho más cuando Noruega, además de Cuba, es garante del dichoso acuerdo. Si a Obama se lo dieron sin hacer nada, cómo no se lo iban a dar a Santos después de haberse rendido al terrorismo de extrema izquierda. Mucho más haciéndolo con la garantía de Noruega. No obstante, deberíamos agradecer al país escandinavo que, a pesar de haber sido escenario de parte de las conversaciones que Zapatero mantuvo con la ETA, tuviera el detalle de no dar el Nobel a nuestro solemne.
Qué triste es ver cómo un pueblo empeñado en conservarla ve pisoteada su dignidad por sus dirigentes, calzados con las botas de una dictadura comunista y apoyados en el carcomido báculo de la izquierda occidental.