Durante los años de la Transición, la ETA era un fenómeno heredado del franquismo que había que solucionar "políticamente". Así se hizo con los polimilis y así se creyó que podría hacerse con los milis. De entonces es aquello de que la democracia sabría ser generosa cuando la ETA dejara de matar. Pero no lo hizo. Sólo cuando la organización terrorista perdió las simpatías que entre la izquierda disfrutaba por su pasado antifranquista y Felipe González fracasó con su guerra sucia se atrevieron los políticos a endurecer el Código Penal. Sin embargo, tal endurecimiento no podía aplicarse a los atentados cometidos con anterioridad. Cuando se vio que peligrosos terroristas saldrían a la calle gracias a los beneficios penitenciarios del viejo código se ideó la Doctrina Parot. Una doctrina tan legal como legítima que sin embargo sólo fue adoptada cuando los tribunales españoles fueron puestos en la tesitura de tener que liberar en 2006 al sanguinario Henri Parot. Para esas fechas no había nadie fuera del País Vasco que simpatizara con ETA.
Mientras, Zapatero puso en marcha el proceso de paz. En su base estaba la idea, compartida por muchos españoles, de que el problema del terrorismo vasco no se solucionaría sin un proceso político en el que alguna clase de concesión, por pequeña que fuera, habría que hacer. No sabemos exactamente qué acordó Zapatero con la ETA. Pero sí sabemos, por Eguiguren, que es quien representó al Gobierno español durante la negociación, que se acordó cuando menos la legalización de los partidos políticos proetarras y la excarcelación de presos. Luego ganó el PP las elecciones, con la negociación ya cerrada, pero con compromisos por cumplir. Rajoy fue informado de cuáles eran y de que su repudio significaría el retorno de los asesinatos. El presidente del Gobierno decidió que era mejor atender a todo aquello a lo que se había obligado Zapatero antes que arriesgar que ETA volviera a matar, considerando que en lo sustancial, pues el País Vasco seguía siendo España, la banda terrorista no había logrado su objetivo. Pero para hacerlo sin perder el respaldo de su electorado necesitaba aparentar que las cesiones eran fruto de la aplicación de la ley y no del cumplimiento de los compromisos adquiridos por Zapatero. Para eso hacía falta la complicidad de los tribunales. Primero fue la liberación de Bolinaga y luego ha sido la liquidación de la Doctrina Parot.
ETA no está muerta y, por tanto, tampoco derrotada. Sencillamente no mata, al menos mientras el Gobierno vaya cumpliendo a trancas y barrancas sus compromisos. Es posible que, a corto plazo, a la banda no le convenga estratégicamente volver a hacerlo, pero cuando al Gobierno ya no le queden presos que excarcelar ni obligaciones que cumplir. ¿qué le impedirá volver a actuar del modo que considere más conveniente? Con dos Chamberlain y ningún Churchill, poco podremos hacer.