La verdad es que el Rey no se ha caracterizado, precisamente, por utilizar la firmeza en el desempeño de esa función de moderación que la Constitución le tiene asignada. Lejos de tener presente la célebre advertencia de Julián Marías contra el error que constituye tratar de contentar a los que no se van a contentar, Don Juan Carlos siempre ha abordado los desafíos nacionalistas, por radicales que fueran, con ofertas de diálogo y negociación, a veces no exentas de compadreo, que tiene en su célebre "Hablando se entiende la gente" su más representativa y lamentable divisa.
En esa contraproducente línea, que, lejos de moderar, ha animado a los nacionalistas a radicalizarse todavía más, cabe ubicar la carta de cuatro párrafos, plagados de lugares comunes, publicada en septiembre en la página web de Zarzuela, en la que el monarca advertía contra las "quimeras" de los nacionalistas, a los que sin embargo no nombraba. Lo que sucede es que, comparado con el clamoroso silencio que el presidente del Gobierno mantenía ante el chantaje de Mas, el escrito del Rey sonó como si de un aldabonazo se tratara. Este contraste, y unas aun más desafortunadas declaraciones posteriores del Príncipe de Asturias, en las que aseguraba que Cataluña "no es un problema", ha llevado al hijo de Jordi Pujol y número dos de Mas, Oriol Pujol, a considerar este fin de semana que el problema para ellos es que no tienen delante al Príncipe sino a Juan Carlos I; "el Rey ya ha tomado partido por una cosa muy determinada", ha añadido.
Este lunes el propio Mas se ha ofrecido a informar, tanto al Príncipe como el Rey, sobre "el proceso en Cataluña". Lo que ocurre es que de lo que quiere tratar Mas con el Rey –o, de hereu a hereu, Oriol con Don Felipe– es de la comisión de un delito, que no otra cosa es la convocatoria de su ilegal refrendo secesionista. Y buscar complicidades para ello es algo que no tolera ni siquiera el funesto y condescendiente "Hablando se entiende la gente".
Mucho se podrá hablar del delirium tremens de los nacionalistas, al tratar de buscar complicidades en la Corona, o de manejarse como si esto fuera la Monarquía austro-húngara. Pero lo que también es de locos es que no haya una respuesta clara y contundente por parte de nuestro Estado de Derecho, habida cuenta de la negativa del Gobierno a endurecer la pena por la comisión de tal delito y de su renuencia a referirse a la legislación vigente. Es igualmente demencial que no parezca haber tribunales ante los que Mas o Pujol deban informar, ya sea de la corrupción a la hora de amañar concesiones de ITV, ya sea de sus no menos delictivos proyectos contra la soberanía nacional, pilar de nuestro ordenamiento jurídico y de la Corona.