Resulta un tanto paradójico que los abogados de los exconsejeros golpistas Jordi Turull y Josep Rull, en su afán de obtener la libertad provisional de sus clientes, señalen la voluntad de estos de concurrir a las urnas el próximo 21 de diciembre como supuesta muestra de acatamiento a la aplicación del artículo 155 de la Constitución y prueba de que "no hay voluntad ni riesgo de reiteración delictiva". Y digo que es paradójico porque esa es precisamente la única forma que tendrían de alcanzar nuevamente el poder, único lugar desde donde podrían reincidir en el delito a la espera de juicio por los ya perpetrados.
Por nulo que fuera su acatamiento al artículo 155, ningún riesgo de reincidencia en el delito, que sólo se puede perpetrar desde el poder, habría en el hecho de que los acusados esperasen en casa, y no en la cárcel, a la celebración del juicio, si no fuera –claro está– por esta manifiesta voluntad de presentarse a estos comicios convocados con tan necia e irresponsable premura. El hecho de que los separatistas –CUP incluida– hayan decidido presentarse a estas elecciones convocadas al amparo de esta ridícula aplicación del 155 no es muestra de acatamiento del orden constitucional, sino muestra del más elemental sentido de la realidad del que sabe que fuera de las instituciones ni se puede preservar la cuasi independencia de facto que la Cataluña nacionalista ha gozado durante tantos años ni, menos aun, transformarla en un Estado soberano en forma de república.
En cualquier caso, sigo pensando que el mayor riesgo para la unidad de España y su vigencia como Estado de Derecho no radica en la concesión de la libertad provisional a ninguno de los acusados ni en la reiteración de ninguna insurrección en aras de la independencia de Cataluña. El mayor riesgo está en la componenda, en el apaño, ya sea tácito o manifiesto, con nuestra infausta clase política en aras de la impunidad y de una condescendencia hacia un nacionalismo que no se combate sino que meramente se conlleva a base de chequera y de cegueras voluntarias ante cosas tan graves como el adoctrinamiento nacionalista en las escuelas y en los medios de comunicación. Eso, por no hablar de la erradicación del español en la enseñanza.
Una suspensión de la autonomía catalana que no haya tenido como objetivo la erradicación de estas lacras y que ni siquiera haya tenido la precaución de durar hasta la celebración del juicio por la intentona golpista se convierte en una mera puerta giratoria que permite a los acusados recuperar el cargo a la espera de un juicio que, si hay componenda política, ya veremos en qué queda. Y si no, al tiempo.