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La 'corrupción' de Rajoy que hasta Rivera silencia

Toda la oposición parece instar a Rajoy a 'resistir' y a 'ser fuerte' en su renuencia a la hora de hacer cumplir la ley a los nacionalistas.

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Desde 2012 asistimos a un delito continuado de malversación de fondos públicos destinados a un proyecto radicalmente ilegal como es la creación de un Estado en Cataluña. La condescendiente pasividad, cuando no silenciamiento, con que la clase política española y la práctica totalidad de los medios de comunicación asisten a este espectáculo sólo es comparable a su bochornoso respaldo a que el Gobierno de Rajoy no suspenda la Administración autonómica en rebeldía y, por el contrario, cubra a través del Fondo de Liquidez Autonómico los agujeros que este desvío de fondos ocasiona, junto a la simple falta de control del gasto que también se da en muchas otras autonomías.

De hecho, el único procedimiento judicial –teóricamente abierto– a este respecto se reduce a la malversación de fondos públicos que ocasionó la ilegal consulta secesionista del 9-N. Y eso gracias a la iniciativa personal de un fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, que presentó su dimisión poco después de presentar la querella contra los mandatarios de la Generalidad. Veremos en qué queda.

En cualquier caso es evidente que los desembolsos que acarrea el procés secesionista, públicamente iniciado en 2012, van muchísimo más allá que los gastos que pudo ocasionar esa puntual consulta ilegal con urnas de cartón. Implica la creación de organismos y competencias nuevas y la desnaturalización de las ya existentes. Buenos ejemplos de lo primero son la creación en 2012 del Consejo Asesor para la Transición Nacional de Cataluña –cuya pretensión de ilegalidad no ocultaba ni en el nombre– o la reciente Consejería de Exteriores, cuya suspensión por parte del Constitucional ha provocado la más burlona desobediencia de cuantas han perpetrado hasta la fecha los golpistas que gobiernan la Generalidad.

Insuperable ejemplo de lo segundo es la perversa utilización que los nacionalistas hacen de una competencia legítima como es la educación pero que está siendo utilizada –desde mucho antes del procés– como medio de adoctrinamiento de los jóvenes contra la Espanya que ens roba y a favor de la secesión. Otro tanto se puede decir de la costosísima televisión pública de Cataluña, que podría ser un simple ejemplo más del despilfarro que suponen todas estas televisiones públicas si no fuera –claro está– porque en el caso de Cataluña es utilizada oficialmente y sin rubor alguna como arma de construcción nacional.

Otro tanto se podría decir de las muchas empresas, fundaciones y chiringuitos que, en el caso de Cataluña, sirven como red clientelar a la causa secesionista. Lo que es evidente es que el procés que se perpetra en Cataluña, con su creación de ilegales estructuras de Estado, obliga a perpetrar no sólo delitos de desobediencia sino de malversación de fondos públicos. Y esto por la sencilla razón de que ninguno de esos gastos los costea el bolsillo particular de ningún nacionalista.

Resulta deplorable que un partido como Ciudadanos, que había despertado tantas esperanzas frente a la cómplice indolencia del PP y el PSOE, guarde silencio y respalde que no se intervenga de una vez la Administración autonómica, y que ni siquiera se condicione su financiación extraordinaria del FLA a un público y verificable compromiso de la Generalidad de acatamiento del orden constitucional.

Rajoy, que ha tenido la poca vergüenza de acusar de una "corrupta utilización de las instituciones" a Pedro Sánchez por el mero hecho de presentarse el socialista a una investidura que no tenía asegurada, no ha recibido ninguna crítica de Pedro Sánchez ni de Rivera por la corrupción que están tapando, de manera indirecta pero decisiva, los Fondos de Liquidez Autonómicos.

Pero de esta corrupción in vigilando, infinitamente más grave para España y para sus contribuyentes que la perpetrada por Bárcenas, nada se reprocha a Rajoy. Por el contrario, toda la oposición parece instarle a resistir y a ser fuerte en su renuencia a la hora de hacer cumplir la ley.

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