Resulta un tanto surrealista que algunos vean con esperanza la posición mantenida hace unos días en Madrid por Artur Mas, en la que ex presidente de la Generalidad aboga por una "tercera vía" para encarar la solución del desafío separatista en Cataluña, consistente –claro está– en hacer nuevas concesiones al nacionalismo catalán a cambio de que abandone su proyecto de ruptura total con el Estado español.
Y digo que es surrealista porque esta "tercera vía" no es otra que la que viene transitando el Gobierno español desde que Rajoy se dio en cuenta de que el chantaje del entonces presidente de la Generalidad y la multitudinaria manifestación de la Diada de 2012, bajo el lema "Cataluña, un nuevo Estado de Europa", eran algo más, mucho más grave que una simple "algarabía".
Por aquel entonces el presidente del Gobierno podía haber comparecido públicamente para denunciar el chantaje de que había sido objeto, así como para anunciar que suspendía toda financiación extraordinaria a la Administración en rebeldía y para advertir de las consecuencias penales y políticas que tendría la vía secesionista anunciada por las mandatarios de la Generalidad, incluyendo la suspensión de la Administración regional en aplicación del artículo 155 de la Constitución.
En lugar de abortar ese golpe de Estado institucionalizado con todo el peso de la ley y un discurso político, Rajoy tomó la tan cómoda como insensata e irresponsable vía del apaciguamiento y del intentar contentar al que no se va a contentar, primero accediendo al multimillonario rescate de 5.000 millones de euros que los gobernantes nacionalistas, que ya clamaban por la secesión, le exigían públicamente "sin condiciones".
Desde ese momento, la autonomía catalana se ha convertido, hasta la fecha y con gran diferencia, en la más privilegiada destinataria de los Fondos de Liquidez Autonómica, sin que sus mandatarios hayan hecho otra cosa que proseguir por la senda separatista y sufragar los cuantiosos desembolsos que el ilegal como carísimo proceso de construcción nacional reclamaba. Así mismo, el Gobierno de Rajoy trató de contentar a los golpistas a través del PP catalán, entonces liderado por Alicia Sánchez Camacho, con algo menos coyuntural que un Fondo de Liquidez como fue aquel "singular modelo de financiación para Cataluña", que no era otra cosa que una singular y maquillada cesión al originario chantaje de Mas, consistente, básicamente, en un nuevo incremento de los impuestos cedidos y en una mayor participación de la Administración regional catalana en los impuestos estatales. El documento del PP catalán, que también hablaba en términos bilaterales, de igual a igual, cuando se refería a las fórmulas de colaboración entre la "Agencia Tributaria de Cataluña" y la llamada "Agencia Estatal de la Administración Tributaria", fue, sin embargo, rechazado por los golpistas con el argumento de que la oferta "llegaba tarde".
No por ello el Gobierno del PP abandonó la tercera vía de la cesión y del apaciguamiento contraproducentes, como ilustran las oficiosas ofertas de reforma constitucional entonadas por algunos ministros de Rajoy y destinadas a "encajar el hecho catalán en la realidad hispánica", como literalmente dijo Margallo, o a "reconocer la singularidad catalana", como dijo el actual ministro de Justicia, Rafael Catalá.
Por otra parte, y para que los actuales procesos judiciales abiertos contra los antiguos dirigentes de la Generalidad no llamen a nadie a engaño respecto a la pusilánime condescendencia del Ejecutivo, hay que recordar que estas causas –por las que ya ninguno corre el riesgo de ir a prisión– no son más que un descafeinado residuo de una iniciativa en defensa de nuestro Estado de Derecho tomada en su día de motu propio por un fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, que poco tiempo después optó por dimitir, al ver cómo el Ejecutivo de Rajoy, tras no haberse atrevido a impedir la ilegal consulta del 9-N, insistía –como ahora sigue insistiendo– en llegar a alguna clase de componenda con los sediciosos por esta recurrente "tercera vía" del mal llamado "diálogo".
No voy a explayarme en el papel desempeñado en esta nueva legislatura por la vicepresidenta Sáenz de Santa María, a quien ciertamente se puede considerar una "ministra para Asuntos Catalanes", viendo el privilegiado trato que otorga a la Administración catalana en rebeldía. Sólo puedo añadir que también me parece surrealista que ahora Artur Mas hable de la tercera vía, teniendo en cuenta que fue el propio Artur Más el que la rechazó en octubre de 2013, alegando que "vía solo hay una: la que aprobó este Parlamento", en referencia a una de las primera resoluciones ilegales adoptadas por el Parlamento autonómico catalán.
Por mi parte, creo que no debe haber más vía para afrontar el desafío separatista catalán que aquella por la que en ningún momento el Gobierno de Rajoy ha transitado. A saber, la de sofocar política, judicial y financieramente las pretensiones y delirios nacionalistas. En definitiva, la vía del restablecimiento del imperio de la ley en Cataluña sin tener por ello que pagar un precio político a los que la violan.