A nadie debería extrañar que uno de los imputados por el 9-N, la exvicepresidenta de la Generalidad, Joana Ortega, se refiriera este martes a las valoraciones que Mariano Rajoy hizo del 9-N, "antes y después" de celebrarse, para defender su "sensación" de no haber hecho "nada contrario a derecho" ni ser consciente de haber "desobedecido al TC ni a ninguna otra autoridad del Estado".
Ciertamente, si fuese por la tardía y, sobre todo, bochornosa comparecencia que hizo el presidente del Gobierno para valorar el 9-N tres días después de celebrarse, nadie podría imaginarse que en Cataluña se hubiera cometido delito alguno. Y no sólo porque Rajoy menospreciara como "simulacro electoral" lo que era, entre muchos otros, un gravísimo delito de desobediencia, sino porque textualmente el presidente del Gobierno tuvo la desfachatez de afirmar: "Les dije que ese referéndum no se celebraría y no se ha celebrado".
Para simular esa apariencia de legalidad, Rajoy hizo suyas las triquiñuelas nominales de los nacionalistas, diseñadas años atrás por el Consejo Asesor para la Transición Nacional de Cataluña, que distinguían entre referéndum, consulta y proceso participativo. Aunque el Tribunal Constitucional había rechazado cualquier tipo de consulta, Rajoy trató de dar una edulcorada versión de los hechos y, consecuentemente, no requirió a la Fiscalía para proceder contra nadie, negando taxativamente haber dado "ninguna instrucción en ese sentido".
Ciertamente, la querella presentada contra Mas, Ortega y Rigau no se produce a instancias del Gobierno, tal y como permite la ley y aconseja el sentido del deber, sino directamente a instancias de quien entonces dirigía la Fiscalía General del Estado, Eduardo Torres-Dulce. El Gobierno de Rajoy –véanse también las versiones del 9-N dadas por el ministro Soria y, en menor medida, por la vicepresidenta Sáenz de Santamaria- siempre se jacataba de haber hecho cumplir la ley.
La querella, por tanto, no se basó en ninguna "rabia del Gobierno por el éxito del 9-N", tal y como ha declarado Mas. Por el contrario, el Gobierno del PP se dedicó muy satisfactoriamente a explotar el hecho de que sólo uno de cada tres catalanes convocados participara en la ilegal consulta. El Gobierno de Rajoy en ningún momento ha reaccionado al desafío secesionista con querellas, sino con reiteradas ofertas de dialogo dirigidas a sus promotores que han incluido ofertas de reforma constitucional, una agencia tributaria propia y mayores cesiones del IRPF. Eso, por no recordar la concesión de la ayuda financiera "sin condiciones" que los separatistas exigieron y obtuvieron del Gobierno de Rajoy aun ya siendo pública y notoria su deriva abiertamente secesionista. Ante este espectáculo, a nadie debería extrañar que el fiscal que se había atrevido a presentar la querella terminara pocos meses después presentando su dimisión.
El 9-N fue un éxito, sí, pero sólo en el sentido en el que puede serlo la comisión de un delito. Fue un éxito en el sentido en que sus promotores aseguraron que "ningún tribunal ni ninguna Constitución" les impediría cometerlo, como así fue. Fue un éxito desde el momento en que se comprobó que los directores de los colegios utilizados como sede de la ilegal consulta secesionista tenían razón al afirmar: "Temíamos más al Departament que al Gobierno". Fue un éxito en el sentido que los nacionalistas, sin tener todavía oficialmente Estado propio, lograron, una vez más, que no imperara en Cataluña nuestro Estado de Derecho.
Dicen que el infierno está empedrado de buenas intenciones. El Gobierno de Rajoy lo está de pusilanimidad, indolencia y falta de carácter. Los nacionalistas jamás le darán las gracias por ello. Pero nadie se las merece tanto y de forma tan decisiva.