Está claro que Ciudadanos es una esperanzadora alternativa a esa casta política que, desde el PP de Rajoy hasta el Podemos de Pablo Iglesias, considera que la solución al desafío secesionista pasa por nuevas concesiones al nacionalismo. Sin embargo, también resulta evidente que Ciudadanos no termina de atreverse a ser una visible alternativa liberal a ese no menos extendido consenso socialdemócrata en lo relativo a las pensiones, la enseñanza o la sanidad.
Resulta sorprendente que un candidato a la presidencia del Gobierno como Albert Rivera, que no tiene complejo alguno a la hora de defender la función social de la competencia, del mercado y de la propiedad privada de los medios de producción, ya sea hablando de la electricidad, de los bancos o de cualquier otro mercado de bienes y servicios, no la reivindique, sin embargo, en otras áreas tanto o más importantes, como lo son las de previsión para la vejez, la educación o la salud.
En su cara a cara con Pablo Iglesias, el líder naranjito -dicho sea con la máxima simpatía- nada criticó del sistema público de reparto de las pensiones, a pesar de ser una estafa piramidal sólo sostenible mediante el paulatino perjuicio de sus supuestos beneficiarios, ya sea retrasando coactivamente la edad de jubilación, ya sea reduciendo el importe de las ya escuálidas pensiones, o ambas cosas a la vez. Lo único que hizo Rivera fue esconder la cabeza en el Pacto de Toledo y negarse a prometer ninguna mejora en la edad de jubilación o en la cuantía de la pensiones; promesas que, ciertamente, sin reivindicar la concurrencia de la competencia y el sistema de capitalización individual, hubieran sido incurrir en el populismo y en la demagogia de Iglesias.
Es una pena que Rivera, que prefirió utilizar el calificativo de "franquista" para describir la política socialista de fijación de precios y de mantenimiento de empresas públicas, no se atreviera a cuestionar, aunque fuera también como rémora colectivista del franquismo, este sistema de pensiones que heredamos de la dictadura.
También resulta decepcionante que Rivera no se haya atrevido a ser una alternativa liberal al PP y al PSOE en el terreno educativo, al no reivindicar el llamado cheque escolar, para que sean los padres, y no las administraciones públicas, los que decidan dónde y en qué lengua escolarizan a sus hijos. Lo más que hizo, frente al comunista de Pablo Iglesias, fue defender el actual statu quo, consistente en escuelas públicas y conciertos con algunas privadas.
No menos lamentable resulta que el líder de una formación llamada Ciudadanos también haga titular del derecho a la sanidad no a los ciudadanos, sino a los funcionarios y a los hospitales públicos. En ningún momento reivindicó Rivera la posibilidad de que la mal llamada gratuidad de la sanidad deje de ser impedimento para que los ciudadanos elijan el centro sanitario de su preferencia. Por oponerse, Rivera hasta se opuso, al igual que Pablo Iglesias, a la gestión privada de los hospitales públicos, como la que, de forma vergonzante y muy limitada, han aprobado PP y PSOE en Madrid y Andalucía, con espléndidos resultados.
No sé si Ciudadanos madurará lo suficiente para, con el tiempo, reparar en el hecho de que la concurrencia de la empresa privada, del mercado y la competencia también mejora la calidad y la eficiencia de la educación, de la sanidad o de la previsión para la vejez. No sé si Ciudadanos dará el paso de confiar en la sociedad civil para mejorar un bienestar social que ahora está en manos de políticos y funcionarios. Pero, mientras no lo haga, sólo será una alternativa a medias frente al actual y decadente statu quo.
No es poco pero podría ser más.