El consenso entre partidos, aunque sea a espaldas de la Constitución, hace sentirse a los políticos mucho más demócratas. Sin embargo, y salvo en la Transición que se quiere borrar, en España ese consenso suele alcanzarse sólo para perjudicar a la propia democracia. En el caso de la Justicia ya hemos dado un paso más y en el año 21 del siglo XXI España es un mercado persa, más bien un escandaloso zoco donde al regateo lo llaman “política de Estado”.
El caso del PSOE siempre ha estado claro. Fueron ellos, en 1985, los que esperaron a Montesquieu en un callejón mal alumbrado para darle una paliza de muerte y brindar por ello. El PP, señalando el crimen, ayudó a enterrar y esconder el cadáver porque en dos mayorías absolutas no hizo sino perfeccionar la grasienta máquina de la inmunidad, o sea, el privilegio de ser político. Los dos grandes partidos llevan la culpa a cuestas y parece que con agrado.
Indudablemente la irrupción de Podemos y Vox en la política española ha contribuido a crispar más los nervios de los pujantes. ¿Cómo siguen de progresistas y de conservadores los señores magistrados? Lo mismo hay puertas conocidas que han cambiado de pronto el santo y seña. Menudo chasco. Pero como la cosa se sigue jugando entre el bipartidismo tradicional, los demás tienen que esperar. Y en todo caso, siempre está la posibilidad de democratizarnos del todo y meter en el ajo a los independentistas, que también son criaturas de Dios y ayudan a la gobernabilidad. Todo el poder que no consiguen en las urnas lo buscan nuestros representantes en el mercado negro.
Nada más llegar a Génova 13, pronto solar en venta, el equipo de Pablo Casado dirigido por Teodoro García Egea trató de convencer a la prensa de que había que jugar este partido con estas reglas y que lo más inteligente era ganarlo con magistrados que se besaran el escudo de la gaviota en la toga. En lo que toca a Libertad Digital pinchó en hueso. Que los políticos pierdan los principios con el tiempo es algo a lo que estamos acostumbrados, pero venir de casa sin ellos es ya demasiado.
Tras mucho desaire y algo de seria reflexión —no era lo mismo Lasquetty que Hispán— el PP rescató el as de Montesquieu, el que arrojó al descarte Alberto Ruiz Gallardón después de hacer la mejor y más ilusionante defensa de la separación de poderes. Poco duraría la alegría, como entonces, casi tan poco como el parlamentarismo de Cayetana Álvarez de Toledo o el buen asesoramiento político e intelectual de Lasquetty. La presión del PSOE para “renovar las instituciones de la democracia”, o sea, para seguir pervirtiendo la Constitución, ya también contra los avisos de Europa, terminó por convencer al PP de Casado y Teodoro: lo propio de un partido de Estado es seguir siendo el moderado preferido de la prensa y de la izquierda.
O sea, que parece que se acerca la hora de irse pero… déjame cinco minutitos más y ya me levanto. Carpe diem. Es tan simple como triste y malo para España. Los genoveses errantes, con todo el respeto para los muchos que lo merecerían si hablaran en alto en vez de cuchichear, no tardarán en vendernos el consenso o el bloqueo, lo que sea, como un indiscutible triunfo del arte e ingenio de la política. Y todavía pretenderán salir airosos teniendo a Pablo Iglesias de vicepresidente del Gobierno. Además de indignos es que son tremendamente ingenuos.
El caso de Vox también merece seguimiento, pues sus últimos resultados electorales y el aire de las encuestas les coloca sin lugar a duda en la arena de las decisiones políticas y hay asuntos que les van a pillar con el paso cambiado. Dicen los de Santiago Abascal que quieren a toda costa la independencia judicial pero que, de seguir con las reglas amañadas, su peso parlamentario no podría ser ignorado porque el hemiciclo ya no es el mismo que cuando PP y PSOE se repartían el botín a solas. O sea, que dentro de la perversión también hay grados.
El argumento es correcto sólo desde el punto de vista aritmético, que en el caso de Vox tiene mucho de autodefensa ante el cordón sanitario que ya se ha tendido prácticamente de forma global. Pero si tienen que explicar que eso no significa que ellos quieran controlar la Justicia o entrar en la lonja, les pasará como con la abstención que benefició a Sánchez. Es mucho más fácil, en este caso, aplicar una receta conocida: “No es No”. Funcionaría perfectamente para oponerse al reparto o subasta de togas así como al aforamiento de los políticos, que sería el mejor paso para que no hagan falta influencias en instancias superiores a las que el justiciable normal sólo llega tras pasar por la justicia ordinaria. O se está por la división de poderes o se está en contra, pero estos juegos para “desbloquear” o para hacerse notar son una excusa que solo conseguirá eternizar un repugnante y antidemocrático privilegio. En su mano está.
¿Qué quieren los togados?
Si hay algo fuera de toda duda es que el reparto de jueces está íntimamente ligado a la corrupción de los políticos y a ese privilegio frente al resto de justiciables que es el fuero, algo que ya carece de todo sentido y que se ha convertido en uno de los principales problemas de nuestra democracia. El aforamiento de los políticos significa que sus posibles delitos no se verán en la justicia ordinaria sino en el Tribunal Supremo y por eso les urge tanto “democratizar” las vías de acceso. Dependiendo de la cotización de la toga en el mercado o del juego de vetos y trágalas, cuantos más escaños se tengan, más posibilidades hay de colocación de piezas favorables.
Decir esto sin más es suponer lo peor sobre los jueces y magistrados: que son siempre sobornables —prevaricadores en potencia, por tanto— y que todo se reduce a un comensalismo que reparte condenas y archivos a demanda, agilizando a cambio carreras y ascensos. Es injusto hacerlo, sí, pero el esquema que sufrimos se reduce a dicha perversión y sólo nos cabe confiar en la integridad de las honrosas excepciones, que las hay.
Sin embargo, y aquí podría estar el mejor punto de partida, los jueces y magistrados deberían contribuir al verdadero desbloqueo reclamando de una vez por todas su independencia, ejerciendo como lo que son o deberían ser, un Poder del Estado. ¿Quieren?
Quizá el asociacionismo, que por cierto no es mayoritario, complica mucho este necesario golpe de maza. En mi opinión, la adscripción política de jueces, fiscales y magistrados en forma de asociación contribuye poco o nada a la necesaria universalidad de la Justicia. Desde luego, para llegar a puestos de tanta trascendencia como la presidencia de las Audiencias, de los Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional o para ser presidentes de Sala y magistrados del Tribunal Supremo, puede haber inevitables influencias de escuelas jurídicas pero no debería existir, como sucede, una cuota de asociaciones, reflejo aberrante pero pretendidamente democrático de los partidos o tendencias políticas.
El Poder Judicial ha de ser estanco y la magistratura debería ser la primera voz en reclamarlo. Muchas de las personas que dedican buena parte de su vida al estudio de la carrera judicial también merecen la oportunidad de llegar a lo más alto por méritos propios, sin deber un favor a interés político alguno. Sería bueno para ellos, para la Justicia, para todos.
Si seguimos como estamos, acabaremos por aceptar que los partidos incluyan como número dos en sus listas electorales al juez de cuerda en aras de la transparencia ante el ciudadano. De hecho, podrían incluir también en sus listas al llamado a ser Fiscal General del Estado. En este caso, el partido de Gobierno podría ahorrarse directamente la cartera de Justicia o declararla compatible con el ejercicio público de la acusación, que además impone jerarquía y da mucho juego. Pedro Sánchez y Dolores Delgado ya han demostrado que es posible.
No, la mayoría de nuestros políticos no quiere magistrados en el Supremo, ni vocales en el Consejo ni Fiscalías generales ni les importa un carajo la Justicia como pilar de la democracia. Todo se reduce a que sea su abogado defensor el que dicte sentencia cuando haga falta y encima le salga gratis. Prefiero que cobren más por dedicarse a lo público pero poder encontrármelos en la sala de espera de un Juzgado de Primera Instancia, con su abogado de verdad, su procurador, su tiempo y sus costas.
Poco cabe esperar de los políticos. Pero si los jueces y magistrados quieren ser independientes, que nos lo hagan saber y cuanto antes. No vaya a ser que estemos librando una batalla inútil.