La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, sin quererlo, ha reducido a sainete parlamentario las cinco horas que sus señorías emplearon el pasado martes en hablar de Cataluña. Pase lo que pase en el Gobierno bipartito andaluz, ceda o no la presidenta a los bandoleros o incluso si, como sugiere Emilio Campmany, esto fuera una treta para adelantar elecciones, la primera reacción, la natural, es la que sirve como lección.
Todo empieza en Sevilla, en la Corrala de la Utopía. Pero antes recordemos que el actual gobierno regional andaluz surge del pacto entre PSOE e IU, ya que el partido más votado, el PP, no consiguió números para gobernar. En el reparto de prebendas, a los comunistas les tocó, entre otras, la Consejería de Fomento y Vivienda. Y esa misma Izquierda Unida que defiende el robo en supermercados o el asalto a propiedades privadas ha ejercido a su entender la adjudicación de viviendas y, saltándose una lista de espera, ha puesto bajo techo oficial a algunas personas que presumen de tener empleo o de pertenecer a la propia Izquierda Unida. Vivían ocupando ilegalmente unos pisos que han querido llamar la Corrala de la Utopía. Susana Díaz, ante la ilegalidad de la concesión, ha retirado a IU, su socio necesario, la competencia de adjudicar viviendas.
Aislemos las diferencias, que las hay, y traslademos el asunto, que se puede: un gobierno cede una competencia, ésta se ejerce de forma ilegal y, por tanto, se retira dicha competencia. El gobierno actúa con la ley en la mano y, lo que es más importante, al día siguiente. ¿Y qué lleva haciendo el gobierno autónomo de Cataluña con las competencias cedidas –en mal día– por el Gobierno de la nación? Violar la ley. Un día tras otro, de forma flagrante y con publicidad.
El sentido común y la naturalidad son en la política como en la calle. Ahora que tanto releemos lo que fue Adolfo Suárez, recordemos la frase de su primer discurso televisivo, allá por 1976: "Hay que elevar a la categoría política de normal lo que a nivel de calle es plenamente normal". Pues elévese. Sin soluciones intermedias, sin transacciones: lo ilegal se anula. Es normal.
Pero el gobierno del PP de hoy, valga el paralelismo, está en la Solución Dialogada y ha renunciado a aplicar simplemente la Solución Constitucional. Si lo hiciera, quizá el propio PP, UPyD, Ciudadanos, VOX y algún PSOE conseguirían reunir el voto catalán para un gobierno de salvación regional y por tanto nacional.
Desde luego, el nombrecito lo dice todo: Corrala de la Utopía. ¿Quién se identifica hoy como inquilino? ¿Los separatistas o los constitucionalistas?
Corrala de la Utopía, ¡menuda alegoría!