El verdadero problema que encierra el golpe de Estado de la Generalidad de Cataluña es que se ha juzgado pero todavía sigue en marcha. Si, como se supone, la sentencia ya está redactada el resultado puede ser como los CIS de Tezanos, que –manipulaciones aparte– se elaboran antes de que pasen las cosas que realmente pueden influir en un resultado electoral convirtiéndose en papel mojado antes incluso de publicarse.
¿No es relevante al abordar judicialmente el 1-O que hayan detenido a siete miembros de los CDR con armas, explosivos, planos y planes claros para atentar? ¿No afecta a una sentencia que el presidente de la Generalidad –máximo representante del Estado en Cataluña– defienda públicamente a los detenidos por terrorismo y dijera que él mismo y toda su familia pertenece a los CDR o que hiciera una llamada a "apretar"? Procesalmente, la respuesta es no. Pero el drama es que se ha juzgado un golpe de Estado sin haberlo parado antes.
La aplicación del artículo 155 debió seguir vigente, y en un grado mucho más extenso y coercitivo, hasta que se concluyeran la instrucción y el juicio. De hecho, lo lógico en una democracia que dispone de instrumentos para defenderse habría sido suspender la autonomía de Cataluña –medida perfectamente contemplada en la Constitución– para garantizar en plenitud el proceso judicial. Sin embargo, no sólo se han levantado las pocas medidas que se tomaron sino que se ha dotado a una institución en rebeldía de todos los instrumentos que tenía antes de rebelarse.
Esta semana el golpe de Estado de la Generalidad ha dado un considerable acelerón a la vista de todos pero el Gobierno de Pedro Sánchez ha preferido ocuparse del cambio climático y de Franco. Con la vista puesta entre Cuelgamuros y el Ártico no es posible atisbar la importancia de la detención de una célula terrorista nacida directamente de los CDR con armas, explosivos, planos y planes. Mientras imagina el monumento del republicano y socialista Ávalos (Juan de) desplomándose estrepitosamente como el Perito Moreno –que lo hace habitualmente y mucho antes de que nacieran los abuelos de Greta– Pedro Sánchez no ha tenido tiempo de ver a su contraparte del Pacto de Pedralbes corear ánimos en sede parlamentaria para los presuntos terroristas encarcelados, plantear proposiciones de Ley para echar a la Guardia Civil de Cataluña o saltarse a la torera y por enésima vez toda legalidad posible.
No importa. Un viernes más, la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha sido la encargada de confesar la vocación continuista del Estado con el golpe de Estado. Lo que Quim Torra protagonizó en el Parlamento de Cataluña, según Celaá, "son declaraciones". Y, por tanto, "no se puede aplicar el 155" ante tal nimiedad. De hecho, la última "declaración" que se realizó allí fue la de la independencia de Cataluña y, con el anterior Gobierno, tampoco pasó nada.
Celaá ha pedido "no extralimitar las situaciones y las respuestas (…) El 155 se aplica cuando se vulnera la ley. Y [lo sucedido en el Parlamento catalán] eran proposiciones de ley. Si se dieran las circunstancias de la aplicación del 155 se haría. Pero no se dan". Probaremos a saltarnos los semáforos en rojo a ver si se dan o no las circunstancias para aplicar el Código de Circulación.
Ketty Garat preguntó a la portavoz sobre la noticia de Fernando Lázaro a cuenta de la bronca del ministro Grande Marlaska a la Guardia Civil por no comunicarle a tiempo que los cedarras detenidos tenían explosivos y hasta los habían probado en una cantera. Nuestro presidente andaba por Nueva York mezclando el deshielo del Ártico con el Calentamiento Histórico de España y la curiosidad de los periodistas sobre la operación policial le congeló sus ya de por sí ateridas mandíbulas. Es de suponer que al ministro, antes juez, le cayó algún capón presidencial por dejar al jefe desnudo con tanto iceberg a la deriva. Cabe también imaginar que el ministro, antes juez, recordara viejos tiempos en los que la información sobre operaciones policiales fluía tanto que a los terroristas les daba tiempo a apurar la última copa en un bar y salir paseando antes de que llegara la pasma.
"Fue exagerado por parte de los medios, cosa bastante corriente", respondió a Ketty la ministra portavoz. "¿Que el Ministerio de Interior podía haber tenido más concreción? Pues probablemente a eso se refería el ministro sin darle más importancia", concluyó... Desde luego, yo entendí bastante mejor a Fernando Lázaro en El Mundo y sospecho que no exageraba.
En definitiva, sucede lo de siempre pero agravado por el hecho de que vuelve a suceder. Que esto no es el País Vasco de los años de plomo, que esto no es el 23-F, que aquí falta el arma, que aquí no hay rebelión, que cuando haya razones actuaremos… Pero el caso es que ya hay un brazo político, otro armado y una trama civil que se van a escapar del juicio que algunos querían vendernos como el cierre de la crisis nacional provocada por un golpe de Estado. Parece como si en España todo lo que no agujereé el techo del Congreso de los Diputados esté enmarcado en el mero "conflicto político", abordable siempre con "soluciones políticas", terreno en el que tantas perdices y faisanes han levantado el vuelo.
Hasta parece como si se estuviera esperando al primer muerto para que la desgracia desencadene una acción que el Gobierno tenga a bien considerar justificada. Y lo que España ya no se puede permitir es ir de nuevo a las urnas con muertos encima de la mesa o con la posibilidad de que los haya. Porque el terrorismo empieza desde que existe una amenaza real y esa ya la tenemos.
El juicio está más que visto y la sentencia se espera pronto. Salga como salga –y las previsiones adelantan un exceso de creatividad– quedarán hechos sin juzgar que son inseparables del golpe. Con suerte y voluntad podrán abrirse nuevos procedimientos a instancia de parte porque ya no aspiramos a justicia de oficio cuando el oficio viene nombrado por la política. Pero con la autonomía de Cataluña en vigor no se parará jamás el golpe de Estado más ralentizado de la historia. Y con esto y Franco nos llaman otra vez a votar.