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La UCO, sin fondos

Los 550 miembros de la UCO están de baja porque no tienen quien les presupueste. ¿Y el crimen? Bien, gracias.

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En lo que queda de España, sólo funciona la Guardia Civil y algunos jueces coraje como Llarena (víctima de un escrache que quedará impune, como todo el activismo de los catanazis); aunque, a partir de ahora, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil quedará prácticamente inutilizada por "falta de disponibilidad de fondos de gastos reservados", según anunció su coronel, Manuel Sánchez Corbí.

La UCO, que resuelve 9 de cada diez investigaciones, ha solucionado los casos de crímenes de gran repercusión social como los de Diana Quer, Yeremi Vargas o la farmacéutica de Olot. Pero donde esta unidad de élite se especializa y consigue éxitos es en la corrupción y el tráfico de drogas. Sus sólo 550 efectivos, de 77.000 que tiene el instituto armado, han desvelado tramas políticas tan escandalosas como Lezo, Púnica y los ERE de Andalucía (no han salido ERE irregulares en otras regiones porque las taifas autonómicas ha evitado una juez coraje como Mercedes Alaya Rodríguez).

Aún no ha habido respuesta de este gobierno esquizoide a semejante situación de falta de recursos que pone en peligro la seguridad y el bienestar de la ciudadanía. A la espera de que dé explicaciones, no se sabe por qué se inutiliza la UCO en un escenario nacional e internacional de grandes retos en la lucha contra el crimen organizado cuyas ramificaciones penetran en la política y el mundo financiero.

España, por su posición estratégica, es un país objetivo de todo tipo de cárteles, sobre todo los del tráfico de drogas a gran escala. Es un Rotterdam del desembarco de mercancías ilegales e insalubres en su vertiente noroeste y en todo el sur, atlántico y mediterráneo. La inmensa economía sumergida que genera esa actividad está fuera de control.

El Estado nunca ha asumido esta realidad como grave porque encierra muchos interrogantes y misterios sin resolver, como los constantes robos de cocaína y hachís de dependencias policiales o las sospechosas impericias judiciales, como las del famoso caso del "narco volador".

En lo que respecta a la corrupción, miembros de la UCO han sido y son testigos de cargo en el mayor escándalo de corrupción política en Europa, los ERE de Andalucía. Sus declaraciones sonrojan y estremecen a los jueces (no a todos) por las burdas irregularidades en los procedimientos para desviar fondos públicos.

Otra línea de investigación criminal que merecería todo el apoyo por parte del Estado es la lucha contra las mafias del tráfico de personas tanto para la prostitución como para la entrada ilegal de inmigrantes en Europa, vía España.

Y ante este panorama criminal, el Gobierno ha neutralizado a la élite de la Guardia Civil en su honroso e impagable trabajo. Este Ejecutivo esquizoide conserva los típicos tics radicales contra la Policía y la Guardia Civil porque así queda bien con sus socios podemitas, bildutarras, catanazis, etcétera… Los 550 miembros de la UCO están de baja porque no tienen quien les presupueste. ¿Y el crimen? Bien, gracias.

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