El domingo me llamó un buen amigo desde Cataluña para felicitarme por mi sesenta aniversario. Mi amigo, que es diputado en el Parlament, me confesó de paso que ha decidido apurar los pagos de su hipoteca con el propósito de tenerla completamente amortizada dentro de un par de años, en 2023. La razón de esas súbitas prisas cancelatorias obedece a que está convencido de que la legislatura llegará, como mucho, a la mitad de su duración teórica. Y yo, desde la distancia tanto física como emocional, tiendo a pensar como él. De hecho, los dos partidos indigenistas que se acaban de repartir la Generalitat hasta lo han puesto por escrito. Y es que el acuerdo de Esquerra con Junts contempla de forma expresa que los objetivos perfectamente quiméricos que constituyen su prioridad conjunta, la obtención de una amnistía (que no un indulto) para los sediciosos de octubre, amén de la insoslayable convocatoria de un referéndum de autodeterminación de las cuatro provincias, ambos, tendrán un plazo máximo para su plena consumación de dos años.
Esto es, si en 2023 el Gobierno de España no anuncia en el BOE una consulta popular para que Cataluña se separe de España, el acuerdo de coalición que acaban de suscribir devendrá papel mojado. Ellos mismos, pues, nos lo están anunciando. Ocurre que dentro de un par de años, en 2023, se abrirá un gran ciclo electoral que, además de comicios en las autonomías del régimen general, incluida Madrid, conllevará también la disolución de las Cortes. En ese cercano marco de convulsión política generalizada en el conjunto del país, está todavía por ver el grado que alcanzará la paralela convulsión social. Algo que comenzaremos a atisbar cuando tantas y tantas empresas zombis, las que ahora se mantienen en pie solo gracias a la respiración asistida de los ERTE, den en quebrar, y en cadena, tras el fin oficial de la pandemia. Barcelona, nadie lo descarte, puede volver a ser la Rosa de Fuego dentro de un año y pico. Un escenario en el que tanto esos revolucionarios de chichinabo de la CUP como la Esquerra lo van a tener difícil para justificar ante su público que han regalado la gestión de la economía catalana a un relaciones públicas del Ibex. Pero muy difícil.