Que España es un país que necesita tumbarse en el diván del doctor Freud de Viena, uno ya empezó a intuirlo allá por la primavera de 1977, durante la primera campaña electoral de la democracia. ¿Cómo entender si no que la UCD contratara para la ocasión a un mítico salteador de caminos, Curro Jiménez, a modo de supremo reclamo ante los votantes, y que los socialistas devolvieran el golpe cobijando bajo sus siglas al Lute, el más renombrado quinqui peninsular? Tras aquel síntoma inequívoco, los que cometimos el error de no tomar inmediatamente el camino del exilio nos aprestamos para lo peor.
Razón de que luego no nos sorprendiera ver como representante catalán en el Gobierno de la Justicia a un famoso gangster de los bajos fondos de Barcelona, el capo mafioso –y juez en horas libres– Lluís Pascual Estivill. Al cabo, lo único raro en todo aquel asunto fue que Estivill resultara condenado a nueve años de prisión por los delitos de prevaricación, cohecho, alzamiento de bienes y detención ilegal, entre otros. En fin, tras conocerse la sentencia, huelga decir que nadie esperaba que el hombre de Pujol en Madrid fuese a cumplir su pena entre rejas. ¡Hasta ahí podríamos llegar!
Y, naturalmente, no lo va a hacer. De ello se ha preocupado muy mucho la pizpireta Montserrat Tura, dama que se dice sin sorna aparente consejera de Justicia de la Generalidad. Así, gracias a los desvelos, angustias, cuidados y requiebros leguleyos de la rojísima Montse, el responsable del caso de corrupción judicial más importante de España va a ser puesto de patitas en la calle apenas habiendo satisfecho dos años de condena. Un privilegio tan acongojante como insólito que, según las autoridades penitenciarias del tripartito, se justificaría por no existir " riesgo de reincidencia".
No, querido lector, no se trata de un gag de Los Soprano, es una noticia de la prensa de Barcelona, por lo demás difundida con esa relevancia marginal propia de las nimiedades intrascendentes. ¿Cosas del Oasis? ¿Pura escoria nacionalista? Sí y no. Sí, porque pasa en Barcelona y la inductora es la izquierda catalanista en el poder. Y no, porque idéntica fechoría podría darse en cualquier otra parte. Por algo, el ranking anual que elabora el prestigioso Fraser Institute clasificando a 141 países según el grado de transparencia de su sistema judicial, ha situado a España en un bochornoso puesto 64. Ocurre que no sólo lucimos por detrás de todas las naciones de la OCDE en el capítulo de decencia judicial, sino que también nos superan Estados de derecho tan ejemplares como... Egipto, Túnez, Namibia o Tanzania.
O sea, que apaga y vámonos.