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José García Domínguez

La gran familia del Tribunal de Cuentas

En la plantilla del Tribunal de Cuentas parece ser que hay más vínculos de linaje que en el árbol genealógico de la Casa de Borbón.

En la plantilla del Tribunal de Cuentas parece ser que hay más vínculos de linaje que en el árbol genealógico de la Casa de Borbón.

Apenas una gota en el mar del nepotismo celtíbero, en la plantilla del Tribunal de Cuentas parece ser que hay más vínculos de linaje que en el árbol genealógico de la Casa de Borbón. Desde el baranda de la UGT que iba colocando a las parientas tras cada divorcio hasta el cuñado de la cuñada del suegro del vocal tercero, allí, por lo visto, todo queda en familia. Para que después digan que PP y PSOE no aplican políticas de apoyo a esa institución, el núcleo primero de todo orden social que se quiera civilizado. He ahí el espectáculo crepuscular de lo público convertido, ya sin disimulos, en privativo comercio de sagas y cunas. Tupido entramado feudal de hijosdalgo que alimentan a sus respectivos séquitos patronímicos. Así desde el conserje de la puerta hasta el presidente.

No obstante, y contra lo que ordena el tópico canónico un millón de veces repetido, España no posee un Estado "elefantiásico". Frente al ratio de 1 empleado público por cada 9 habitantes de Suecia o el 1 por cada 12 de Francia, nuestro país se sitúa justo en la media de la Unión Europea, con 1 por cada 16. Exactamente el mismo porcentaje que Alemania, por cierto. Asunto bien distinto es el de la eficiencia. Recuérdese al respecto la célebre Ley de Bronce enunciada por Alejandro Nieto. Ésa que implacable reza: "Cada empleado estatal ajustará su rendimiento al del colega que, cobrando idéntica cantidad, trabaje menos". Y cuyo legendario corolario añade:

No te inmiscuyas en lo que no sea estrictamente tuyo, igual que nunca habrás de tolerar que los demás metan la nariz en tu negociado. Si de tal modo procedes vegetaréis todos en plácida armonía.

Aunque cuesta imaginar qué otro podría hacer sido el resultado final del desmantelamiento planificado de la función pública a lo largo de los últimos lustros. Al cabo, no en cosa distinta ha consistido la ecuménica patrimonialización de las administraciones en manos de los partidos. Genuina privatización del Estado de la que el Tribunal de Cuentas únicamente constituye tragicómico esperpento. Clamaba Ortega en 1914 mientras se pudría la Restauración en el fango de la esclerosis caciquil:

La España oficial consiste en una especie de partidos fantasmas que defienden los fantasmas de unas ideas y que, apoyados por las sombras de unos periódicos, hacen marchar unos ministerios de alucinación.

Podría haberlo escrito hoy sin necesidad de cambiar una coma. Ni una coma.

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