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Por qué no hay que convocar un referéndum

El referéndum de Escocia, en clamorosa consecuencia, no ha servido para nada. Para absolutamente nada.

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Salmond, el de Escocia, ya anda por ahí reclamando otro referéndum. Es "inevitable", acaba de sentenciar mientras los carteles del anterior aún lucen encolados en muchas paredes de Edimburgo. Recuérdese, iban a pasar treinta años como mínimo, el espacio de una generación entera, hasta que los secesionistas derrotados el pasado 18 de septiembre volvieran a forcejear con el Gobierno para que se abriese otra vez la caja de Pandora. Bien, pues los treinta años se han convertido en apenas treinta minutos. El referéndum de Escocia, en clamorosa consecuencia, no ha servido para nada. Para absolutamente nada. Cameron pensó que el contencioso se podía resolver para siempre cediendo a la pretensión plebiscitaria de los separatistas. Pero Cameron, como acostumbra, pensó poco y mal. Lejos de acabar con la hiperlegitimación democrática de los nacionalistas, el referéndum solo devino eficaz para alimentar aún más la virulencia de la pulsión centrífuga en Escocia. El riesgo temerario en que incurrió Londres al aceptar la convocatoria del plebiscito se ha revelado a la postre tan gratuito como inane.

Cameron se prestó a jugar a la ruleta rusa con la soberanía del Reino Unido para nada. Una lección que todos deberíamos aprender. Y es que creer que los separatistas, igual los de allí que los de aquí, iban a respetar las normas en el supuesto de que las urnas les fueran hostiles es indicio de una ingenuidad política fronteriza con lo pueril. El único referéndum bueno y definitivo para ellos sería el que ganasen. El único. Y no conocerlo es no conocerlos. Repárese, si no, en cómo nuestros propios separatistas domésticos, tras un muy fulminante acceso de amnesia colectiva, olvidaron el pretendido carácter plebiscitario de las elecciones catalanas al constatarse que la mayoría del censo no apoya la secesión. Aunque si Salmond tardó media hora en volver a las andadas, los de aquí no esperarán ni cinco minutos antes de empezar otra vez con la cantinela de siempre. De hecho, ya tardan.

Así las cosas, caer de bruces en eso que Ruiz Soroa llamó el esencialismo democrático, como algunas voces reputadas de Madrid han hecho tras los comicios catalanes, es adentrarse por un camino que conduce a ninguna parte, no ya en las sendas de la política práctica sino en las de la consistencia intelectual, terreno en el que se supone moran quienes se aproximan a la cosa pública desde la reflexión teórica . Y ello porque el mal llamado derecho a decidir remite en última instancia a una aporía, esto es, a una contradicción lógica insalvable. Simplemente, no se puede legitimar una secesión tomando como base la mayoría en votos. Y no se puede hacer porque el método democrático resulta incapaz por sí mismo para ofrecer una respuesta a la pregunta de quién decide.

Si convenimos, tal como Elisa de la Nuez y Rodrigo Tena han postulado en un reciente escrito en el diario El Mundo, que es el pueblo, votos mediante, el llamado a dirimir la disputa sobre el encaje de Cataluña en España, la cuestión inmediata que se suscita es la de cómo y quién fija los límites precisos de ese etéreo ente colectivo llamado pueblo. Un nacionalista nos respondería que, naturalmente, el pueblo en cuestión no puede ser otro más que el catalán. Pero nos lo diría por su propia condición de nacionalista, no por la de demócrata. Y es que esa es una situación ante la que la norma democrática sencillamente se revela por entero impotente a fin de establecer criterio objetivo alguno. ¿Quién puede tomar la decisión sobre quién decide –y quién no– en un referéndum de autodeterminación? El que en ese momento disponga de fuerza política suficiente para imponer su propia voluntad al adversario. Punto. No demos, entonces, más alas a los separatistas. Las que se han procurado ellos solos ya son suficientes.

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