Inicialmente pensé que se trataba no tanto de una sonrisa como de un rictus, pero su permanencia en situaciones bien distintas me inclina a pensar que se trata de una sonrisa, quizá para las cámaras.
Pero de esta conclusión primaria me surgía una pregunta, para la que no encuentro respuesta satisfactoria. Por donde mire a la nación española que gobierna, no encontrará más que caos, conflicto, depresión, paro y un volumen de gasto público que hace temblar a los analistas más rigurosos. En las proyecciones para el año realizadas en septiembre por el Banco de España –Escenario 2, que creo el más probable–, nadie encuentra algo a lo que poder agarrarse para justificar una sonrisa.
El Producto Interior Bruto se espera que disminuya respecto del año anterior en un 12,6%, porque, quiérase o no, estamos en recesión. Pero, asómbrense, esa disminución lo será pese a que el consumo público –que en buena parte es despilfarro–, lejos de disminuir, ha crecido en un 5,6%, intentando compensar, sin éxito, la disminución del privado, estimada en un 13,1%. ¿En qué se ha materializado el consumo público? Por ejemplo, en productos sanitarios procedentes de China y en gastos corrientes que todos tienen en mente; lo que gusta al Gobierno que sonríe.
La exportación de bienes y servicios se estima que disminuirá en un 25,2%, cuando la importación sólo lo hará en un 22%, lo que indica, además, una pérdida de competitividad de nuestra economía frente al exterior. Pero el presidente sonríe y viaja permanentemente.
En las horas trabajadas, sin las que no se genera PIB, se estima una disminución del 14,1%, lo que llevará la tasa de paro al 18,6%, y prefiero no pensar en el nivel que alcanzará cuando una parte, quizá importante, de los ERTE pase al paro por cierre de los negocios abatidos por la regulación y las dificultades creadas por el Gobierno. Pero el presidente sigue sonriendo y viajando.
Si miramos a la ejecución del presupuesto de las Administraciones Públicas, se calcula que el déficit esperado alcance el 12,1%, lo que situará la deuda pública en el 120,6% del PIB. Es decir, que las Administraciones deben un veinte por ciento más de lo que España es capaz de producir en todo un año.
¿Recuerdan cuando Sánchez se comprometió a converger en déficit (3% del PIB) y deuda pública (60% del PIB)? Pues ya ven dónde quedaron aquellas promesas. Y no me hablen del covid-19; ya empezó, mucho antes, con su presidencia.
Mientras tanto, el presidente, a lo suyo, y su Gobierno, fiel a su única constitución: el documento Sánchez-Iglesias para la investidura.
Esto es, exactamente, lo contrario a lo que se debe hacer para crear un clima de confianza que haga creíble al Gobierno y dé seguridad jurídica al sector privado.
¡Qué más puedo decirles! Sonrían.