El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, anunció este lunes que su gobierno iniciará negociaciones "exploratorias" de paz con las guerrillas de las FARC, el grupo insurgente más antiguo de las Américas. El anuncio, que era ampliamente esperado en las últimas semanas, es sumamente controversial en Colombia. ¿Está acercándose la administración Santos a poner fin a un conflicto armado que ha durado más de medio siglo y ha costado la vida a miles de colombianos? ¿O está el gobierno aceptando negociar con terroristas, dándoles una oportunidad de reagruparse y continuar sus actividades criminales como el narcotráfico?
Hay muchas razones para desconfiar de las FARC. En 1998 el entonces presidente, Andrés Pastrana, lanzó negociaciones de paz de alto perfil con los rebeldes marxistas. Como concesión, Pastrana permitió a las FARC el control de un territorio casi tan grande como Suiza. Los guerrilleros utilizaron esa zona neutral como base para consolidar su negocio de producción de cocaína –el cual les provee un ingreso de alrededor de 500 millones de dólares al año–, potenciar las labores de reclutamiento y lanzar ataques letales contra las principales ciudades del país. Para 2002, las negociaciones de paz habían fracasado, y la pregunta en los corrillos de Washington y otras partes del mundo era si el gobierno colombiano sería capaz de mantenerse en pie.
Fue entonces cuando entró en escena Álvaro Uribe, que fue investido presidente mientras Bogotá era atacada con cohetes. Con la ayuda militar de Washington en el marco del Plan Colombia, Uribe lanzó una ofensiva contra las FARC y logró dar varios golpes importantes a su liderazgo. Durante estos años, la mayoría de los colombianos llegó a darse cuenta de que estaban lidiando con verdaderos terroristas y no simplemente con una insurgencia ideológica de origen campesino. Los rebeldes de las FARC secuestraron a cientos de ciudadanos, políticos y miembros de las fuerzas del orden. A algunos de ellos los tuvieron en la selva, en condiciones inhumanas, durante más de una década. Muchos murieron en cautiverio. También atacaron con bombas objetivos civiles, lo que costó la vida a un gran número de personas inocentes. El 4 de febrero de 2008 millones de colombianos se lanzaron a las calles al grito de "No más FARC".
La estrategia militar de Uribe resultó ser exitosa. La violencia disminuyó considerablemente, y las FARC quedaron severamente debilitadas: sus efectivos se redujeron a la mitad en la última década, y hoy rondan los 8.000.
En 2010, Juan Manuel Santos, ministro de Defensa de Uribe y responsable de algunos de los más exitosos ataques contra la guerrilla, fue elegido presidente del país con un apoyo abrumador. Sin embargo, a diferencia de la táctica de mano dura seguida por su antecesor, Santos mostró desde el principio su voluntad a entrar en negociaciones de paz con las FARC, aun cuando su gobierno continuó atacando a la guerrilla; incluso llegó a matar a su cabecilla Alfonso Cano en noviembre del año pasado.
A pesar de haber perdido a gran parte de su vieja guardia, los rebeldes de las FARC han sido capaces de redoblar sus ataques en el último año, infligiendo dolorosas pérdidas a las fuerzas armadas y dañando la infraestructura energética del país. La ola de ataques ha llevado a muchos colombianos a preguntarse si las ganancias en seguridad por las cuales se luchó arduamente bajo el gobierno de Uribe están siendo rápidamente revertidas. Esto también ha generado interrogantes acerca del liderazgo del presidente Santos. Vale la pena señalar que, hace poco más de un año, Uribe, quien sigue siendo muy popular entre una mayoría de colombianos, rompió públicamente con Santos, acusándolo de, entre otras cosas, ser débil con lo que él y muchos colombianos siguen considerando un grupo terrorista.
He ahí el dilema: algunos colombianos consideran que el país vive lo que Adam Isacson, de WOLA, ha descrito como un "impasse dañino". Bajo esta óptica, la administración Santos haría bien en dar una oportunidad más a la paz. Lo estaría haciendo bajo condiciones muy distintas a las que había hace una década. Las fuerzas armadas todavía tienen ventaja en el campo. La economía está creciendo a un ritmo muy saludable (aunque cada vez se vuelve más dependiente del petróleo y de la minería). Y las ciudades y sus alrededores son mucho más seguras que hace una década. La estrategia del gobierno, de acuerdo a esta teoría, es presionar a las FARC al límite y luego forzarla a negociar un acuerdo de paz.
Sin embargo, otros colombianos consideran que Juan Manuel Santos está demostrando ser un presidente débil, como Andrés Pastrana. Sienten que las ansias de popularidad y reconocimiento internacional del mandatario es la razón subyacente a las negociaciones de paz, y que la última ola de ataques de las FARC se debe a que la guerrilla se ha dado cuenta de que está tratando con un presidente débil. Los escépticos indican que las fuerzas armadas no han logrado asestar un golpe serio a los rebeldes en más de seis meses, tal vez siguiendo órdenes de Santos. Además, indican que hoy en día las FARC son en gran medida una organización narcotraficante con una estructura de comando descentralizada. Mientras la producción de cocaína siga siendo una industria altamente rentable, gran parte de las unidades armadas que componen las FARC continuarán dedicándose a este negocio, con independencia de lo que ocurra con el proceso de la paz. Algo similar ocurrió con los grupos paramilitares de derecha que fueron desmovilizados durante el gobierno de Uribe, algunos de los cuales han reaparecido como bandas criminales conocidas, precisamente, como bacrim. Yo, por mi parte, agregaría que los grupos violentos de narcotraficantes son una plaga que acechará a Colombia hasta que se legalicen las drogas.
Ambos lados tienen argumentos sólidos. Pero yo estoy más de acuerdo con los escépticos. Acabar con uno de los conflictos más largos y sangrientos del continente es un objetivo que vale la pena intentar. Sin embargo, no hay razón para creer que eso es lo que quieren las FARC. Espero estar equivocado.