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'Catalunya' en el 18 de Brumario del año X

Las promesas de prosperidad no parecen haberse cumplido y hoy la mayoría de los catalanes viven bastante peor que cuando eran españoles.

Mikel Buesa
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Han transcurrido diez años desde que, en el que entonces fue 9 de noviembre y hoy 18 de Brumario, Catalunya iniciara su Revolució Nacional. El referéndum de autodeterminación se celebró al fin, a pesar de las denuncias judiciales del Gobierno de España, y tras él llegó la declaración unilateral de independencia. Ésta se acabó configurando como una situación de hecho, pues, aunque varios meses más tarde el Tribunal Constitucional la declaró ilegal, nadie tuvo la voluntad política suficiente como para restaurar el orden. El uso de la fuerza se consideró inconveniente y poco democrático, según concluyó el Senado tras un acalorado debate acerca de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. El caso es que, aún sin el reconocimiento formal del Reino de España, la República de Catalunya comunicó su constitución como Estado a la Unión Europea, dando lugar a que la Comisión tomara nota y considerara que, a partir de aquel momento, el nuevo país dejaba de formar parte de su territorio y, por ende, de la unión aduanera, el mercado único y la unión monetaria. Otras entidades internacionales, como la OCDE, el FMI, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, manifestaron que, hasta tanto no se tomara una decisión unánime con el consentimiento de España, Catalunya se consideraba excluida de sus respectivas organizaciones. Y a lo largo de esta década sólo unos pocos países, casi todos marginales en la política internacional, han establecido relaciones diplomáticas con el nuevo Estado.

Fruto de las circunstancias políticas, las nuevas fronteras erigidas por Catalunya se constituyeron en una barrera para el comercio internacional. En el momento de la independencia aparecieron los aranceles, los requisitos documentales para las exportaciones, la inspección de las mercancías por las autoridades aduaneras, el seguro de cambio -pues el mantenimiento del euro había sido imposible- y otros trámites menores que encarecían los precios, alargaban los períodos de entrega, hacían más costoso el transporte y complicaban la gestión. Además, como ya había ocurrido en otros casos europeos durante la década de 1990, las relaciones económicas con España se enfriaron rápida y paulatinamente, de manera que el que hasta entonces había sido un comercio interregional floreciente se marchitó hasta situarse en niveles mucho más bajos que antes de la independencia.

Por otra parte, un buen número de empresas trasladó su sede social fuera de Catalunya y cerró instalaciones para reabrirlas en España o en Francia. Así ocurrió con una buena parte de las grandes empresas alimentarias, los grupos editoriales, la industria farmacéutica, las metalmecánicas y las de servicios avanzados. En Martorell y en la Zona Franca se dejaron de fabricar coches. Y hasta una gran entidad financiera -que curiosamente no cambió ni de nombre ni de logotipo- se domicilió en Madrid y segregó de su negocio principal la filial que permaneció en Barcelona.

Todo ello se expresó en una pérdida de mercados para las empresas catalanas y en una reducción de sus actividades económicas. En los siete años siguientes a aquel 18 de Brumario, el Producto Interior Bruto de Catalunya se redujo en un 37 por ciento, aunque después empezó a recuperarse de forma modesta, de manera que en el año X había aumentado hasta alcanzar un nivel equivalente a dos tercios del que se registró en 2014.

Además, muchos se han ido o no han venido. La población catalana, que ya el año de la Revolució Nacional empezaba a mermar, ha experimentado una pérdida de 1.845.000 habitantes. A ello han contribuido tanto el déficit de nacimientos sobre las defunciones -un poco más de 34.000- como sobre todo unos saldos migratorios muy negativos. En términos netos a España se han marchado casi 416.000 personas y al resto del mundo 1.395.000. Los habitantes de Catalunya son ahora, diez años después de la proclamación de independencia, sólo 5.534.000.

Claro que esta pérdida de población ha venido bien para aliviar algo el reparto de la decadencia económica, pues al haber una cuarta parte menos de habitantes, el PIB per capita no ha disminuido tanto como su cifra global. En eso que los economistas llamamos términos constantes -o sea, valorado a los precios de 2014-, esa magnitud se cifra ahora en 23.035 euros, con lo que la caída con respecto a 2014 es de sólo el 13 por ciento, pues en el año de la Revolució se habían alcanzado los 26.351 euros.

Algunos podrán decir que el precio no ha sido demasiado alto para alcanzar la libertad. Sin embargo, para apreciar bien las cosas, conviene decir también lo que ha pasado con la riqueza de los españoles hasta este 18 de Brumario del año X. Curiosamente, el impacto económico inicial de la secesión de Cataluña se absorbió muy rápidamente por dos razones. Una fue que las deslocalizaciones de las empresas catalanas se realizaron con una gran rapidez y, además, casi todas fueron hacia las regiones españolas limítrofes con el nuevo Estado. Y la otra que la reacción europea, aplicando el arancel máximo y las formalidades aduaneras a las exportaciones catalanas desde el primer momento de la secesión, hizo que se retrajeran las otras pretensiones independentistas regionales y el país se estabilizara institucionalmente. Y a ello se añadió que la economía española entró en una senda de moderado crecimiento.

En estas circunstancias, aunque inicialmente el PIB por habitante de España se retrajo, en el conjunto del período pudo aumentar desde los 22.478 euros en 2014 hasta los 28.227 en 2024. Es decir, una ganancia media de bienestar del 26 por ciento para los españoles. Por tanto, se puede concluir que los catalanes, que antes de la independencia gozaban, en promedio, de unos ingresos superiores en un 17,2 por ciento a los del resto de los españoles, una década después de la secesión cuentan con un 18,4 por ciento menos. Queda claro que las promesas de prosperidad de los promotores de la independencia no parecen haberse cumplido y hoy la mayoría de los catalanes viven bastante peor que cuando eran españoles. Y lo que es peor todavía es que, seguramente, seguirán así durante muchos años. De este modo, sólo si su economía lograra crecer a una tasa un 25 por ciento superior a la española de manera permanente, podrían alcanzar el nivel del PIB per capita de España dentro de medio siglo. Este precio habrá sido el que hayan pagado por haber puesto su fe en el esperpento nacionalista.

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