La independencia de Cataluña duró diez horas en 1934; este martes estuvo vigente apenas medio minuto, el tiempo que Puigdemont tardó en explicar que dejaba en suspenso su declaración solemne, para dar tiempo a dialogar. Acostumbrados al disparate, los diputados separatistas no se preguntaron cómo es posible que el presidente de una nación decida que deja de ser independiente sin que se le acuse de alta traición, pero el surrealismo de todo el proceso secesionista es tan delirante que este martes, de creer a Puigdemont, Cataluña fue en el transcurso de apenas un minuto región española, Estado independiente y ectoplasma jurídico-político pendiente de catalogar.
Sin embargo, la declaración del todavía presidente del Gobierno regional catalán mantiene su relevancia penal aunque tratara de suspender sus consecuencias políticas, algo que, por otra parte, no está a su alcance decidir. Las palabras de Puigdemont en el Parlamento catalán, despojadas del carácter lacrimógeno consustancial a todo discurso nacionalista, siguen poniendo fuera del orden constitucional a su Ejecutivo y obliga a actuar al Gobierno central. Otra cosa es que la pretendida suspensión de sus efectos sirva para que el Gobierno de Rajoy siga especulando sobre sus efectos jurídicos y, en consecuencia, mantenga las reticencias a cumplir con su obligación esencial.
El espectáculo en el Parlamento regional de Cataluña, en todo caso, iba dirigido al exterior, pues los separatistas están convencidos de que la atención internacional está fijada sobre ellos y las principales cancillerías viven con angustia los últimos estertores de la charlotada. De momento cuentan con el apoyo de Maduro, Assange y Yoko Ono, aunque en la radio pública catalana sostenían que el retraso en el inicio de la sesión parlamentaria se produjo porque Puigdemont estaba hablando con Angela Merkel, seguramente respondiendo a una llamada de la canciller.
En fin, este es el nivel del proceso, que este martes vivió una de sus últimas etapas ahondando, aún más, en el ridículo internacional que los Gobiernos de Cataluña y España vienen protagonizando en las últimas semanas. Rajoy debe hacer cumplir la ley de una vez. Por imperativo constitucional y también para poner fin al tremendo bochorno que estamos ofreciendo al mundo entero. Acaben con esto ya.