El rey se dirigió a los españoles el 3 de octubre "en momentos muy graves de nuestra vida democrática". Quería transmitir un mensaje. O, más específicamente, cinco mensajes. El primero, a "todos los españoles". El segundo, a los "legítimos poderes del Estado". El tercero, de nuevo a "todos los españoles", pero poniendo el acento en "los catalanes". El cuarto, en particular a los catalanes que no son nacionalistas, tranquilizándoles porque "no están solos, ni lo estarán". El quinto, a "todo el pueblo español".
Algunos profesores de Derecho Constitucional vinculados a la extrema izquierda mediática, como Pérez Royo y Joaquín Urías, han criticado al rey por haberse presuntamente sobrepasado en sus funciones constitucionales de moderar y arbitrar. Desde la izquierda política —Miquel Iceta— y mediática —Ernesto Ekaizar— han criticado que el rey no ejerciera de mediador. ¿No podría haber propugnado más enfáticamente el diálogo, o acaso haber dicho algunas palabras en catalán? Aunque fuese "bona nit".
Rajoy no estaba por la labor, ni se le esperaba, para liderar la defensa de la unidad de la nación española ni la legitimidad del Estado de Derecho español. Es cierto que el rey dio un paso adelante lúcido y valiente con el que, decididamente, salvo la democracia constitucional española como su padre lo hizo en el 81 respecto a los militares sublevados. Pero de paso nos ilustró sobre el sentido de la representación política en tiempos en los que los representantes de los partidos están cada vez más alejados de los representados, hasta el punto de que una señora a la que no ha elegido directamente el pueblo europeo, Ursula von der Leyen, se permite poner en cuarentena el resultado de las elecciones celebradas en un país que todavía, a pesar de la dirigente europea al parecer, es soberano: Italia.
Pero volvamos a Felipe VI, del que se dice que, como rey constitucional, solo tiene poder simbólico. Como si dicho poder fuese una paparruchada, el chocolate del loro respecto a los verdaderos poderes que serían el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Sin embargo, como demostró Juan Carlos I y ahora Felipe VI, dicho poder simbólico es el que nos da la clave de la esencia del poder en las democracias que se caracterizan por la representación. Porque hay dos tipos de representación respecto al sujeto soberano, el pueblo. Por un lado, la representación formal y normativa, la que acaece en períodos normales. Pedro Sánchez en la actualidad. Pero el representante-símbolo, Felipe VI, representa sin acción, existencialmente. Si el representante-formal tiene de su parte el BOE, el representante-símbolo juega la liga de la Historia. Donde el representante-formal dialoga y negocia, el representante-símbolo integra y homogeneiza.
Ese 3 de octubre, hubo un superrepresentante de la voluntad popular española, un superintérprete del pueblo español y una superencarnación de todos los españoles: Felipe VI. Si en épocas de normalidad son el poder ejecutivo, legislativo y judicial los que representan dicha voluntad popular de una manera formal y normativa, en momentos revolucionarios, que es donde una nación se la juega, hace falta que emerja un poder simbólico que aglutine los deseos, decisiones y pensamientos del conjunto popular en una sola persona. Es un momento crítico porque dicha encarnación puede ser luciferina, Hitler en Alemania o Lenin en Rusia, o angelical, Washington en Filadelfia o Churchill en Londres. La clave para distinguirlos está en lo que Burke denominó en Reflexiones sobre la Revolución francesa una élite de virtud y sabiduría. Pero en cualquier caso es crucial para vertebrar una nación, liderar un proyecto y forjar el nacimiento de una nación… o su supervivencia. Sin duda, es extraño que el rey intervenga del modo que hizo. Pero una anomalía no implica ilegitimidad cuando responde a una desviación constitucional radical como es un golpe de estado. Felipe VI salió de la quietud simbólica y llevó a cabo la acción política por antonomasia: la palabra. El discurso del rey fue el misil en la línea de flotación del proyecto xenófobo, reaccionario y antiliberal de Puigdemont en Barcelona.