Fiscalía General del Estado

El fiscal de la Audiencia Nacional Jesús Alonso ha remitido un informe a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el que solicita que se "provea lo oportuno y necesario" para garantizar el estado de salud del preso de ETA José Ignacio De Juana Chaos, en huelga de hambre desde el pasado 7 de agosto, "incluyendo, en su caso, la alimentación forzosa del mismo cuando su estado físico lo requiera". El fiscal pide información "constante y continua" del estado del preso y de los peligros que para su vida se vayan generando. Sobre la alimentación forzosa, precisa que se deberá acordar "no sólo cuando el interno llegue a un estado inconsciencia", sino cuando su situación se agrave, "debiendo llevar a cabo la misma de forma coactiva si fuese necesario".

La Fiscalía solicitó este miércoles informes sobre el homenaje a De Juana Chaos celebrada el 26 de agosto en San Sebastián. Antes de esta petición, ha dado tiempo para que Askatasuna haya convocado otro acto para este domingo y el PP haya exigido su prohibición. Otegi, que compareció en rueda de prensa, en una nueva violación de la Ley de Partidos, culpó al Gobierno de la "situación de bloqueo" en que está, según él, la negociación. Este sábado, pretende hablar de la legalización en la asamblea nacional de Batasuna-ETA. Por su parte, la AVT pidió a Rubalcaba que desmienta una posible legalización en diciembre.

Las líneas generales del Anteproyecto de Ley del nuevo Estatuto del Ministerio Fiscal se han dado ya conocer y no han recabado, por el momento, muy buenas críticas. Según adelanta La Razón, se establecen novedades con respecto a la estructura, organización y diseño del Ministerio Público. Entre las más polémicas se encuentra la nueva capacidad del fiscal general de proponer directamente al jefe de Inspección sin previa consulta del Consejo Fiscal, órgano representativo de la carrera. Aunque no es la primera vez que Conde Pumpido trata de ampliar las competencias de su cargo, con la redacción de este anteproyecto se consolidarían reglamentariamente gran parte de sus aspiraciones.

El PP ha denunciado que, al permitir la marcha proetarra de Bilbao, el Gobierno está "pagando los plazos" de las conversaciones secretas que ha mantenido el PSOE en los últimos años con Batasuna-ETA y que han desembocado en la negociación de Zapatero con los terroristas. Acebes se ha encargado de enumerarlos: la ruptura del pacto antiterrorista, la legalización del PCTV, la no aplicación de la Ley de Partidos, el cese de Fungairiño "y ahora Batasuna, cada vez más desafiante". San Gil cree que es el momento de decir "hasta aquí hemos llegado".

Un informe remitido este martes por la Fiscalía de la Audiencia Nacional al juez Juan del Olmo solicita que se permita la manifestación proetarra convocada el viernes, aunque pide que se disuelva si se exhiben símbolos de ETA-Batasuna. No ha tenido en cuenta que tres de los ciudadanos que presentaron la marcha fueron candidatos de EH y Herria Aurrera, partidos ilegales. La AVT y colectivos cívicos han pedido al TSJ vasco que impida la marcha, mientras el PSOE se limitó a señalar que "no contribuye" a la negociación. Sin ningún impedimento del Gobierno vasco, las juventudes de ETA celebraron en Bilbao un acto político al que asistieron 250 proetarras.

La misma persona que pidió autorización para celebrar la manifestación del domingo en San Sebastián solicitó este miércoles su desconvocatoria. Sin embargo, el brazo político de ETA anunció por medio de Pernando Barrena que la convocatoria sigue adelante. Desde el PP, Ignacio Astarloa exigió al Gobierno que impida que "el hacha y la serpiente se paseen por San Sebastián". Baltasar Garzón que citó para este jueves como imputado a Barrena y Elkano para que explique si es Batasuna-ETA la impulsora de la marcha, amplió la citación a otros tres miembros de la Mesa Nacional de los ilegalizados.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pedirá al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que requiera a las Fuerzas de Seguridad informes con el fin de determinar si detrás de la convocatoria de la manifestación del próximo domingo en San Sebastián está la formación ilegalizada Batasuna-ETA. El Gobierno vasco ya aseguró que permitirá la marcha para no restringir "un derecho fundamental", mientras que desde el PP Ignacio Astarloa acusó al Eecutivo "eludir responsabilidades" y calificó de "intolerables" los argumentos del PSOE para defender la celebración de la misma.

El polémico constructor Francisco Hernando tiene empleados en sus empresas a dos de los cuatro concejales del PSOE y a la hija de un tercero, según publica este sábado El País. Para el polémico "Paco el Pocero" que levanta 13.508 viviendas en la localidad toledana de Seseña, también trabajaron el aparejador del Ayuntamiento y el arquitecto municipal. Los dos técnicos dejaron el Ayuntamiento después de que los socialistas perdieran las elecciones municipales de 2003 y se hiciera IU con la alcaldía. La Fiscalía Anticorrupción investiga ahora la tramitación de la obra.

Mientras el juez del 11-M toma declaración a una inspectora de los Tedax sobre los informes policiales que hablan de nitroglicerina y que no han llegado a la Audiencia, el fiscal general del Estado presiona para que el juicio se celebre cuanto antes. Conde Pumpido se pliega a las tesis de El País y sostiene que todo está "bastante clarificado" y que hay que evitar que pase "demasiado tiempo" para que no haya que poner en libertad a los implicados. Este lunes fue Sánchez Manzano el que compareció ante el magistrado para decir que se "equivocó" cuando habló de nitroglicerina en los trenes.