Tribunal Supremo

Los contactos entre Batasuna-ETA y el PSE han recibido el respaldo del Supremo. Sobre esta decisión, el Gobierno dice que el Alto Tribunal "ha abierto camino". El fiscal general del Estado tampoco ha permanecido impasible ante esta resolución judicial. Como viene siendo habitual, Conde Pumpido se sitúa en la línea de los socialistas y asegura que comparte "plenamente" la decisión del Tribunal Supremo. Para Pumpido es una decisión "muy razonable y es la que debía esperarse". Junto al auto, también se han hecho públicas tres sentencias absolutorias de la Audiencia para tres etarras.

Los contactos entre Batasuna-ETA y el PSE han recibido el respaldo del Supremo. El tribunal considera que no hay obstáculo para las reuniones entre el PSE y Otegi si no hay una "orden expresa" que los prohíba. En el auto con el que rechaza admitir a trámite la querella de Manos Limpias, considera que sería "un fraude constitucional" que alguien pretendiese "corregir la dirección de la política interior o exterior" encomendada al Gobierno legítimo. Añade que también sería "impropio" pensar que los tribunales controlan al Ejecutivo enjuiciando a sus titulares.

La Sala Especial o del artículo 61 del Tribunal Supremo, encargada de ejecutar la sentencia que ilegalizó Batasuna-ETA, seguirá estudiando en enero los informes que las partes le han remitido en respuesta al auto que dictó que ordenaba la entrada en las "herriko tabernas" para inventariar sus locales. El TS tiene que decidir si las "herrikos" pertenecen a Batasuna-ETA y si procede extender o no la liquidación patrimonial de esta formación ilegalizada a los bienes y derechos cuya titularidad ostentan las asociaciones y sociedades que regentan las "herriko tabernas".

Este miércoles el fiscal general del Estado remitía a la Sala 61 del Supremo un escrito en el que cambiaba de criterio de forma radical respecto a la vinculación de Batasuna-ETA con las "herriko tabernas". Conde Pumpido afirmaba que "no existen pruebas suficientes" que les vinculen al entramado etarra. Este viernes, dos días después, ha subrayado que "es consciente" de que "en general" existe vinculación entre estos locales y la organización proetarra. Sin embargo, Pumpido volvió a insistir en que la Fiscalía no puede "dar por probado" un vínculo inmediato, sino que es "necesario" establecer la relación "una por una".

El Tribunal Supremo ha condenado al alcalde de Vila-Real, Manuel Vilanova (PP), a un año y medio de prisión y a ocho años de inhabilitación por un delito de prevaricación al consentir, "de forma deliberada", la emisión ilegal de ruidos de una empresa, que generó numerosas quejas vecinales. Según indica una sentencia hecha pública este viernes, que además condena a dos años de prisión al gerente de la empresa "Rocersa" por un delito medioambiental, el alcalde "se situó del lado de una industria contaminante en contra de los intereses de los ciudadanos, sabiendo que actuaba y vulneraba la legalidad que regula la emisión de ruidos".

El Tribunal Supremo ha confirmado que la donación de 120.000 metros cuadrados de suelo municipal que el PP de Las Rozas realizó a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en 1998 para construir la ciudad deportiva fue ilegal. De esta forma, el Ayuntamiento recuperará la finca y las instalaciones, mientras que el organismo presidido por Ángel María Villar tendrá que buscarse nueva sede. Portavoces de la RFEF afirman que aún no han recibido notificación alguna al respecto.

El criterio de la Fiscalía ha cambiado de forma radical respecto al registro de las "herriko tabernas" en apenas dos años. Si en enero de 2005 Cándido Conde Pumpido mantenía que dependían de Batasuna-ETA y servían para financiar a la banda, ahora el Fiscal General del Estado ha dicho que "no existen pruebas suficientes" que les vinculen al entorno etarra. En un escrito remitido al Supremo, Pumpido se refiere al "momento" actual, en alusión a la negociación con ETA: el Fiscal General cuestiona la "oportunidad" de efectuar el registro y lo tacha de "prematuro". El nuevo cambio de criterio del fiscal coincide con el retraso del Supremo en su veredicto sobre el "caso Jarrai".

El portavoz del CGPJ ha afirmado este lunes que el órgano de gobierno de los jueces "respeta y acata" la decisión del Tribunal Supremo de anular por segunda vez el nombramiento de Javier Gómez Bermúdez como presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Enrique López ha indicado que habrá que leer el auto para "acomodar" los nombramientos judiciales discrecionales a la "nueva doctrina" del Supremo. No obstante, el portavoz del CGPJ ha remarcado que el pronunciamiento del Supremo sobre este asunto "no cuestiona" los méritos ni de Gómez Bermúdez ni de ningún otro de los candidatos a presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

El Tribunal Supremo ha estimado el recurso presentado por Emilio Ybarra, contra la sentencia de la Audiencia Nacional que le condenó a seis meses de cárcel y 27.000 euros de multa por apropiación indebida en el caso BBV y, finalmente, le ha absuelto de todos los cargos. Además, la Audiencia ha exculpado a otros cuatro ex ejecutivos del banco: el consejero Juan Urrutia, el secretario general, José María Concejo, el director financiero, Luis Bastida, y el director financiero adjunto, Rodolfo Molinuevo.