Cándido Conde-Pumpido

De los 4.333 apoderados que utilizó el PCTV en las pasadas elecciones vascas, 1.515 lo fueron también de Batasuna-ETA. 44 fueron condenados por delitos de terrorismo. Mientras, los presos etarras lucen camisetas del PCTV. Ante estas pruebas, el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, no ha dudado en afirmar que "hay indicios suficientes que justifican la investigación". Es el primer socialista, a excepción de Gotzone Mora y algún miembro del PSE, que pide al Gobierno que actúe contra el PCTV.

Después de que el juez Grande-Marlaska admitiera a trámite la querella contra los batasunos de las Tierras Vascas, el presidente de la AVT ha dicho que siempre confió en que "el sentido común se impondría". José Alcaraz sabe que el Ejecutivo de Zapatero pondrá "todos los obstáculos posibles" para que la querella no prospere, como "parte del pago" en sus negociaciones con ETA. Alcaraz anunció movilizaciones para después del verano en contra de la negociación del Gobierno con la organización terrorista.

La Fiscalía ha remitido un escrito al juez Carlos Valle, que solicita el archivo de las actuaciones por el "caso Bono", en el que considera que hay indicios de un presunto atentado contra la autoridad o contra las libertades públicas del ministro de Defensa, lo que a su juicio justificó las detenciones. También considera "indicios" las "manifestaciones públicas" de Bono. Según el escrito, los militantes del PP detenidos estaban "cerca de Bono" con "actitud de participación activa" por los "gestos y expresiones de ambos". Al fiscal le son "indiferentes" el cambio de instructores y la negativa de un agente a detenerlos.

El Pleno del Congreso rechazó este martes el cese inmediato del fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido por su trayectoria de "sectarismo, parcialidad y sometimiento al Gobierno" desde su nombramiento. Además, Astarloa acusó a Pumpido de crear "nuevos tipos penales" como el de la "vociferación" y de "pasividad" para hacer cumplir la ley de partidos con su actitud frente al PCTV.

El fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, ha dictado una instrucción en la que defiende que la presentación de querella o denuncia interrumpe el plazo de prescripción de los delitos, desmarcándose de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que señala que para que se produzca dicha interrupción se requiere además un acto judicial. Esta nueva doctrina del Constitucional podría beneficiar a los "Albertos", condenados a tres años y cuatro meses de cárcel por el "caso Urbanor".

El fiscal jefe de Salamanca, José Luis Sánchez García, ha decidido abrir diligencias informativas, a instancias de Conde Pumpido, –que había dicho que no se pronunciaría sobre el caso porque había que desjudicializar la vida política– por si las dos pancartas contra Josep Lluís Carod Rovira, aparecidas en la manifestación por la unidad del Archivo General de la Guerra Civil fueran constitutivas de delito. Además, el líder de ERC ha denunciado este miércoles ante el juzgado de guardia de Barcelona las supuestas amenazas de muerte.

El diputado del PP por Salamanca Gonzalo Robles consideró este viernes obvio que el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, cumple órdenes del Gobierno por exigencia de ERC al investigar algunas de las consignas y pancartas de la manifestación por el Archivo de Salamanca del pasado día 11. El PP muestra su extrañeza de que el fiscal investigue una manifestación y no lo haga con el Partido Comunista de las Tierras Vascas o con la fianza de Otegi.

Los 1.700 fiscales de toda España llamados a las urnas este jueves eligieron a los nueve miembros electivos que, junto con los tres vocales natos (fiscal general, teniente fiscal e inspector), forman el Consejo Fiscal, órgano de asesoramiento del fiscal general en materia de gobierno de la carrera fiscal. La mayoría de los elegidos pertenecen a la Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera y crítica con Conde Pumpido. Sólo tres representantes de la Unión Progresista integrarán el Consejo.