La Guardia Civil ha desarticulado una red criminal internacional que defraudó más de 150.000 euros a 250 víctimas en España, mediante estafas en la venta de animales de compañía. La operación, realizada en colaboración con Interpol y la Policía Nacional de Colombia, ha permitido desmantelar una organización que manejaba transacciones de criptomonedas por más de 35 millones de euros y había ingresado más de tres millones en efectivo en territorio español.
En total, 28 personas han sido detenidas y un total de 30 investigadas en España y Colombia. A los arrestados se les imputan 681 delitos, entre ellos: estafas, falsificación de documentos, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La operación, que sigue en marcha, podría llegar a documentar un millar de hechos delictivos.
El modus operandi
El origen de la investigación fue una denuncia por estafa relacionada con el pago de una mascota que nunca llegó. A través de portales de compraventa, los delincuentes ofrecían perros por unos 500 euros, ganándose la confianza de las víctimas mediante documentos de identidad usurpados.
Tras recibir el primer pago, los presuntos vendedores exigían un segundo pago y si el afectado se negaba, era amenazado de muerte mediante mensajes o llamadas telefónicas. Las amenazas incluían imágenes intimidatorias de armas de fuego, para asegurar que la víctima realizara el pago del transporte.
Uso estratégico de criptomonedas
Un punto clave en la investigación fue el papel del propietario de un locutorio en la provincia de Valencia, quien actuaba como testaferro. Junto con su pareja, depositaron unos tres millones de euros a través de cajeros automáticos en diversas provincias españolas. Estos fondos eran luego transferidos a cientos de direcciones descentralizadas de criptomonedas operadas por miembros de la organización en Colombia y Camerún, dificultando el rastreo por parte de las autoridades.
Incautación de pruebas
Los registros realizados en España y Colombia permitieron requisar teléfonos móviles, vehículos, dinero en efectivo, criptomonedas, armas de fuego ilegales, y otros bienes relacionados con la actividad criminal. Entre los hallazgos se encontraban también propiedades y dispositivos electrónicos utilizados para llevar a cabo las estafas y mantener el contacto con las víctimas.
La operación, denominada Canmoney, ha sido liderada por la Guardia Civil en colaboración con la DIJIN de Colombia, Interpol y Europol. Las víctimas de este entramado criminal han sido localizadas en 43 provincias de España, afectando a ciudadanos de Zaragoza, Badajoz, Castellón, Madrid, Córdoba, Huesca, Jaén, Logroño, Sevilla, Toledo, y muchas otras.