
La juez de Santander que investiga el derrumbe en la pasarela de El Bocal en el que murieron seis jóvenes el pasado 3 de marzo ha solicitado al Servicio de Emergencias 112 y a la Policía Local de la capital cántabra el protocolo de actuación para la atención de avisos que estaba vigente en ese momento.
Con esta petición, la magistrada quiere conocer lo relativo a la "recepción, clasificación, traslado y seguimiento de incidencias reportadas por ciudadanos en general, y sobre riesgos en infraestructuras públicas, en particular". Todo después de que se haya sabido que un vecino avisó el día antes del suceso sobre el mal estado de la pasarela a la Policía Local. Sin embargo, la agente que recibió esa llamada no activó ningún protocolo, por lo que ha sido expedientada. También figura como investigada en la causa.
Asimismo, la juez pide que se le remita "cualquier instrucción interna, circular o manual complementario que establezca criterios de actuación para los operadores de servicio". Por otro lado, la instructora también quiere conocer si existían quejas sobre el mantenimiento de la pasarela.
Búsqueda de posibles quejas anteriores
En este sentido, solicita al Ayuntamiento de Santander que aporte copia de las actas de los últimos cinco años y que se investiguen posibles quejas en "plataformas de incidencias ciudadanas, asociaciones vecinales locales, medios de comunicación y redes sociales".
La magistrada acuerda asimismo la designación de un perito judicial con cualificación de ingeniero de Caminos, Canales y Puertos para que inspeccione in situ la pasarela e informe de "si existían signos visibles de deterioro, la fecha previsible del último mantenimiento realizado y si, por todo ello, el mantenimiento sobre tal pasarela fue suficiente o negligente".
