11-M

El ministro del Interior ha comparecido por segunda vez este sábado para anunciar la detención de tres ciudadanos marroquíes y dos hindúes, relacionados con la venta y falsificación del móvil y la tarjeta encontrados en una de las mochilas con explosivos que no llegó a explotar el pasado jueves. Otros dos españoles de origen hindú están siendo interrogados. Ángel Acebes ha reiterado que todas las vías permanecen abiertas. También ha pedido prudencia porque la investigación "no ha hecho más que empezar". El ministro va a volver a comparecer a las 00:15 horas de este domingo.

Poco después del mayor atentado terrorista de la historia de España, comenzó a extenderse un bulo que potenciaba los objetivos de los terroristas: fomentar el miedo en la población y hacer que las culpas caigan del lado de las víctimas. El primero en hacerlo fue Arnaldo Otegi, un personaje que ha pasado por la cárcel, participado en secuestros y que ya no lidera ningún partido porque los tribunales españoles lo han sentenciado –Batasuna es ETA– e ilegalizado. Esta fuente de intoxicación merece para algunos, incluso en estas horas dramáticas, más credibilidad que el Gobierno.

Y mientras el ministro del Interior informaba de las detenciones, más de tres mil personas, al grito de "asesinos", siguen concentradas frente a la sede del Partido Popular en la calle Génova. Entre pancartas y consignas, los manifestantes, convocados por Cultura contra la guerra, acusan al Gobierno de Aznar de ocultar y manipular la información sobre la autoría de los atentados terroristas del jueves en Madrid. La plataforma invita a seguir la manifestación por CNN Plus y la Cadena SER.

Los poderes fácticos que desde la guerra de Irak intentan expulsar al PP del poder intensifican en el día de reflexión su campaña intoxicadora para desviar la atención de ETA y adjudicar a Al-Qaeda la masacre de Madrid. El grupo de Polanco insiste en incriminar a Aznar como responsable de los atentados del 11-M por su apoyo a la coalición que derribó el régimen de Sadam Husein. Una de sus fuentes de intoxicación es el juez Garzón, que tuvo que ser expulsado del lugar de los atentados por Carlos Dívar. Interior reitera que ETA es la principal sospechosa.

A menos de doce horas para que comience la jornada electoral, la campaña para incriminar al Gobierno en los atentados de Madrid está cobrando fuerza. Mientras manifestantes "espontáneos" se manifiestan frente a la sede del PP al grito de "asesinos", los partidos de la oposición presionan para exigir la convocatoria urgente de la Diputación Permanente en la que Aznar de explicaciones sobre la masacre del jueves.

Ante los intentos por desviar la atención de la autoría de ETA en la masacre, el Gobierno ha reiterado que la banda terrorista sigue siendo la prioridad en la investigación puesto que no hay "datos concluyentes" que apunten al terrorismo islámico. Varios ministros han reiterado su confianza en el trabajo de las Fuerzas de Seguridad tras las dudas que están tratando de sembrar sectores interesados.

Los funerales por las víctimas de los atentados cometidos el jueves en Madrid, que se han cobrado la vida de doscientas personas, se celebran en varias ciudades de España, donde aún resuenan las voces de millones de ciudadanos en contra del terrorismo que se echaron a las calles en una muestra de solidaridad sin precedentes.

El cadáver de un varón que ingresó en la noche de este viernes en el Instituto Anatómico Forense de Madrid procedente del hospital Doce de Octubre eleva a 200 la cifra de asesinados en los atentados del pasado jueves en la capital. De los 289 heridos que permanecen ingresados, 18 se encuentran en estado crítico y 40 muy graves.

La campaña emprendida por los medios del grupo Prisa está siendo secundada por el PSOE, Izquierda Unida y los nacionalistas vascos. El PP ya ha calificado de lamentable la actuación de estos tres grupos que, en el día de reflexión, han vulnerado la legislación vigente con ruedas de prensa electoralistas y peticiones de dimisión.