ETA (Euskadi Ta Askatasuna)

La Audiencia Nacional condena a Ibón Echezarreta y a Luis María Carrasco a 290 años de prisión por 16 delitos de asesinato terrorista en grado de tentativa y un delito de estragos terroristas que cometieron cuando colocaron una bomba-trampa en las inmediaciones del cuartel de Inchaurrondo, de San Sebastián. El tribunal condena, también a los dos etarras, a pagar una indemnización a los 16 funcionarios de la Guardia Civil, Policía Nacional y Ertzaintza afectados en el atentado, y les prohíbe ir a San Sebastián en cinco años.

El presidente vasco espera unas elecciones "con normalidad" y "sin exclusiones". Ajeno a la denuncia de sectores de la sociedad sobre la falta de libertad por la amenaza terrorista, Juan José Ibarretxe se ha interesado por la presencia de Batasuna-ETA en los comicios y ha anunciado que trabajará por "un proceso que traiga la paz y acuerdos de naturaleza política". "La exclusión no es el camino", ha declarado este viernes. El Gobierno de Rodríguez Zapatero no muestra ninguna intención de estorbar el ideal nacionalista de "normalidad". Las pruebas que vinculan al llamado "comando Donosti" de ETA con el PCTV no han motivado ninguna respuesta. Interior se centra en aparentar firmeza contra las listas que Batasuna-ETA pretende inscribir como agrupaciones de electores.

El PP ha rechazado la iniciativa del PSOE y el PNV de pedir al Foro de Ermua que cambie de nombre. "El espíritu de Ermua es un patrimonio de todos los españoles, y no de ningún ayuntamiento", ha señalado Ángel Acebes tras la moción contra el Foro de Ermua aprobada por el Consistorio de la localidad en la que vivió y fue concejal Miguel Ángel Blanco. El número dos del PP ha exhortado al Gobierno y a la Fiscalía a actuar contra el PCTV, tras demostrarse sus vínculos con ETA. Antonio Aguirre, miembro de la junta directiva del Foro de Ermua, víctima reciente de una agresión física por parte de un miembro del PNV, denuncia que el PSOE ha "traicionado sus principios" y lamenta que quiera "borrar del mapa" a este colectivo.

Por segunda vez en menos de un mes la Fiscalía ha dado muestras de su cambio de criterio para favorecer a Otegi. Las dos veces ha retirado los cargos de enaltecimiento del terrorismo. La primera fue en el juicio por el homenaje a la etarra Olaia Castresana. Para la segunda, según publica este jueves El Mundo, no ha sido necesario siquiera llegar a la vista oral porque el fiscal del caso solicitó al juez Grande Marlaska que dictara el sobreseimiento de la causa. Al ser la Fiscalía la única acusación personada, el magistrado tuvo que atender la petición. El portavoz de la ilegal Batasuna tenía que haber sido juzgado por enaltecer al terrorista Arkaitz Otazua, muerto en 2003 tras enfrentarse a unos agentes de la Ertzaintza a los que había tendido una emboscada en el Alto de Herrera, en Álava.

Ana Pastor critica la "intolerable" actuación de la Fiscalía con Otegi que ha permitido, esta vez, que el líder de la ilegalizada Batusana no tenga que "ni que molestarse en ir a declarar a un tribunal". "Todos los ciudadanos saben que hay que actuar contra el terrorismo y que a Batasuna no se le puede pasar ni una", porque se trata "del futuro y la libertad de los españoles".

Un grupo de desconocidos atacaron esta pasada madrugada un puesto de atención al público de la Ertzaintza ubicado en la avenida Pascual Abaroa de Lekeitio (Vizcaya) contra el que lanzaron tres cócteles molotov, causando escasos daños, según informó el Departamento vasco de Interior. Este ataque tiene lugar apenas tres días después de que terroristas callejeros atacasen con dos botellas incendiarias una sucursal del Banco Santander Central Hispano en la localidad navarra de Burlada y seis después de que la sucursal de Caja Rioja de Orkoien (Navarra) sufriese también un atentado con tres botellas incendiarias.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha decretado prisión incondicional para los tres últimos detenidos del grupo Donosti. A Lamariano y García Pavón les acusa de colaboración con banda armada mientras que a Sergio Lezcano le considera miembro de ETA. En el auto de prisión del etarra, el magistrado le culpa de recopilar datos desde 2000 sobre posibles objetivos de ETA. También cuenta cómo desde 2004 se dedicaba a tareas de propaganda de Batasuna, ASB y el PCTV, un hecho que vuelve a confirmar la vinculación de los tres nombres con la banda terrorista pese a la presencia en las instituciones de los comunistas de las tierras vascas. Al etarra se le incautó incluso material para el acto del BEC.Un ordenador con los secretos de la negociación El TSPJV pide datos de las personas jurídicas de la "izquierda abertzale"

El secretario general del PP ha advertido a la Fiscalía General y a la Abogacía del Estado de que "ya tienen prueba pública para empezar a trabajar contra" las agrupaciones electorales que va a preparar la ilegalizada Batasuna, puesto que esta organización "ya ha anunciado que son suyas". Ha agregado que se trata de "una confesión previa que debe servirles para comenzar a trabajar". Ángel Acebes ha señalado que "se ha producido lo anunciado": la presentación primero de una formación como ASB "sin ocultar" que la banda está detrás y luego, la organización de agrupaciones electorales mediante la recogida de firmas. El popular cree que el Gobierno debe impedir que lleguen a los ayuntamientos porque "los ciudadanos no quieren que sus impuestos vayan a reforzar a ETA-Batasuna".

El entorno de ETA presentó este miércoles en la capital vasca las plataformas locales con las que intentará incurrir a las próximas elecciones locales, en un acto al que acudieron las caras más conocidas de Batasuna-ETA en Álava. No dieron nombres, pero sí las claves para descifrar la lista: "las nuevas candidaturas que la izquierda abertzale presente con la referencia de Sozialistak y Abertzaleak (Socialistas y patriotas)", afirmó Txema Matanzas, el veterano abogado de etarras que en las últimas semanas se ha convertido en la cara pública del mundo proetarra en Vitoria. Además, calificaron estas candidaturas como otra "mano tendida" al Estado y al PSOE para mantener la negociación Gobierno-ETA.