LD (Ángela Martialay) La huelga de jueces ha sido anunciada a bombo y platillo. La primera cita, el 18 de febrero. Ese día jueces de Murcia, Extremadura y Zamora han convocado un paro judicial que todavía no ha sido aprobado en sus juntas de jueces.
Cuatro meses más tarde, el 26 de junio, y si las mejoras en la Administración de Justicia aún no son evidentes, las asociaciones judiciales, que ya han anunciado “protestas”, recurrirían a la huelga. Pero, ¿se llegará a producir realmente ésta? ¿Tienen los jueces derecho a la misma? Y si se lleva a cabo, ¿cuáles serán las consecuencias para los ciudadanos?
Hasta el momento, sólo hay una cuestión clara: los jueces están “indignados”por el estado de la Administración de Justicia y piden al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero “acciones inmediatas”. Desde el Ejecutivo se les planta cara, aunque de forma dispar. Mientras que el Presidente ofrece “dialogar” con los magistrados, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha acusado a los jueces de "traidores” por convocar la huelga, un “lujo” –según sus palabras- que un poder del Estado “no se puede permitir”.
Una convocatoria sin aprobar
De momento, la huelga sombrea en el horizonte. Los jueces decanos quieren ésta tenga lugar el próximo 18 de febrero, mientras que las asociaciones judiciales se muestran más cautas y convocan para ese día “protestas” (aunque no descartan ir a la huelga en junio).
Sin embargo, fuentes del decanato judicial han señalado a Libertad Digital que son las juntas del próximo 21 de enero “las que deben decidir si habrá huelga o no”, ya que todavía no se ha aprobado dicha convocatoria. Hasta entonces no se sabrá si el anuncio de huelga del día 18 se llevará a cabo.
Por su parte, los jueces decanos tienen una reunión este miércoles con los letrados de la Comisión de Modernización del CGPJ, a la que deben presentar sus propuestas.
¿Tiene los jueces derecho a huelga? Gobierno y CGPJ, “echan balones fuera”
Otro de los asuntos polémicos de este conflicto es el determinar si los jueces tienen derecho a huelga. Esta cuestión se lleva debatiendo durante años en el seno de la Carrera Judicial. Las opiniones entre los expertos son diversas. Mientras que ni la Ley Orgánica del Poder Judicial ni el Real Decreto de 1977 (encargado de regular este derecho) se pronuncian sobre si los jueces gozan del mismo, la Constitución enuncia que la huelga es un derecho fundamental para todos los trabajadores españoles.
En este sentido, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, dice que es el “CGPJ el que debe sentar criterio jurídico al respecto”, aunque él opina que "no" lo tienen. En contraposición, la portavoz del órgano de gobierno de los jueces, Gabriela Bravo, ha declarado que es “le corresponde al legislador decidir si los jueces tienen derecho a huelga”.
Consecuencias de la posible huelga
Aunque todavía es pronto para vaticinar las consecuencias que el “paro judicial” tendrá para los ciudadanos, dado que aún no se ha especificado en qué consistirán las protestas y la magnitud de las mismas, las cifras del funcionamiento de la Justicia española hablan por sí solas.
A falta de que el CGPJ haga público su balance estadístico correspondiente al año pasado, los números de 2007 son alarmantes. Un total de 2.455.829 asuntos quedaron sin resolver en los tribunales españoles ese año. Y lo más grave es que cada juez instruye de media tres veces más casos que los que establecen los módulos de trabajo del Ministerio. La sobrecarga laboral de las oficinas judiciales, provocada por una falta de medios materiales y personales, desemboca en el “hartazgo” de los jueces. Si bien, los últimos perjudicados del mal funcionamiento de la Justicia en España son los ciudadanos, ya que una huelga retrasaría aún más sus asuntos en los tribunales.
El Ministerio intenta contrarrestar las malas cifras de la Justicia
Por otro lado, y para contrarrestar estas escandalosas cifras, el Ministerio de Justicia ha enviado un comunicado en el destaca su "esfuerzo" para la modernización del servicio público de la Justicia. Para ello, el Gobierno señala "las 5.943 plazas convocadas de personal al servicio de esta Administración y las creadas para jueces y fiscales, además de los presupuestos destinados a modernización tecnológica".
Justicia ha subrayado que "el pasado año tomaron posesión de sus respectivos destinos cerca de 5.000 nuevos funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, mientras que se han creado entre 2005 y 2008 1.148 plazas de jueces y fiscales y se prevé para este año la puesta en marcha de 150 nuevos órganos jurisdiccionales y de cien nuevas plazas de fiscales", según los cálculos del Ministerio.