(Libertad Digital) El ministerio Fiscal ha detectado desde errores en la calificación jurídica de los contratos, omisión de informes, falta de objetividad en las adjudicaciones, contrataciones por "procedimientos negociados sin publicidad", falta de transparencia, obras sin justificar, subastas a favor de ofertas "temerarias", y hasta ventas de edificios públicos por menos de un tercio de su valor de mercado.
D esa manera, con Jesús Caldera y Octavio Granado como secretario de Estado y responsable directo del organismo, ABC publica que los informes llegados al congreso de dicho equipo son todo un compendio de irregularidades, reproches y denuncias en todos los organismos del departamento, y en todos los aspectos de su gestión, ya sea la contratación de servicios o la enajenación de bienes.
Según ABC, el tribunal incluye entre las prácticas la enajenación de edificios por precios de venta "muy inferiores a los del mercado", "representando en algunos casos el 29 por ciento de dicho valor de mercado, sin que los informes de tasación aportados en el expediente expliciten las circunstancias personales aplicables a cada arrendatario y sin que la Tesorería General de la Seguridad Social haya acreditado el cumplimiento de determinados requisitos legales de las enajenaciones de los inmuebles".
En 2005 el volumen de capital público dedicado a la adquisición, traspaso o venta de inmuebles fue de 69,4 millones de euros sólo en el capítulo de enajenaciones. Las adquisiciones llegaron a 125 millones de euros. En concreto, ABC señala que el informe se detiene en trece casos de enajenación, destacando uno de un edificio de la Seguridad Social en Santa Cruz de Tenerife, entregado por 3,7 millones de euros al único licitador presentado, por la cantidad exacta y sin que se publicara en el BOE.
Además, el Tribunal señala otros nueve contratos analizados, por un total de 9,7 millones, con enajenaciones en Madrid, Barcelona y Zaragoza, en los que no se razona, según ABC, el bajo precio aplicado. "Debe destacarse que los precios de venta de las viviendas y locales del edificio dela calle Ayala de Madrid, analizado de forma conjunta, en ningun caso llegó a alcanzar el 40 por ciento del precio de mercado".
El director general de la Tesorería alegó que eran bienes afectados por la existencia de arrendatarios con derechos previos, o bien en un mal estado que obligaba a acometer obras muy costosas. Jesús Caldera, según dice ABC, ni se ha dignado a contestar, tal y como consta en el informe. El Tribunal también considera insuficientes las explicaciones dadas por el organismo. De esa manera, se mencionan irregularidades en los procesos de la Tesorería, tales como "el informe previo de la asesoría jurídica, la depuración jurídica del inmueble, la autorización ministerial o el informe de la intervención delegada".
El ministerio fiscal ha solicitado testimonio, según ABC, por entender que puede haber indicios de responsabilidad penal relativas al capítulo de las enajenaciones. Así lo han expresado a las Cortes en un comunicado del presidente del Tribunal de cuentas, Manuel Núñez.
Otro tipo de irregularidades
Otros aspectos de la investigación señalan una auténtica acumulación de irregularidades: seis de "carácter común", tres en los contratos de obras, seis en contratos de consultoría, dos en suministro y cuatro en los contratos privados. El total asciende a 490 millones de euros, maquillados a través de la omisión de informes o su con su cumplimiento elaborada como un mero formalismo sin contenido.
El organismo también ha detectado falta de criterios objetivos en las adjudicaciones de los contratos y prácticas contrarias "al principio de transparencia". Ahí está la "contratación e equipos y sistemas informáticos por procedimientos negociados y sin publicidad, al existir un único proveedor posible", llegándose a adquirir equipos para el centro de procesos de Orcasitas por valor de 7,4 millones de euros sin concurso alguno.
El informe mencionado por ABC también incide en el apartado de obras: se menciona que la mayoría de las subastas fueron adjudicadas a "ofertas incursas en presunción de ser desproporcionadas o temerarias". También insiste lo habitual de las modificaciones de contratos y ampliaciones de plazo en las entregas, lo que conlleva "en la práctica totalidad de los casos el incremento del precio de las obras públicas y la demora en su entrega al servicio público".