Las sentencias de los jueces del Supremo contra los padres objetores de la asignatura "Educación para la Ciudadanía" exhala por todas partes algo peor que mala conciencia. Dictadura de conciencia. Dicen los "jueces" del Supremo que la Objeción de Conciencia no es un derecho. Mentira. Esta falsedad los descalifica para ejercer una profesión digna de otros hombres con más deontología y, sobre todo, con cierto desarrollo de su conciencia moral. Ya sé, ya sé, que estos funcionarios al servicio de Zapatero desconocen por completo lo que lleva adentro la expresión "conciencia moral". Más aún, porque no saben qué cosa es la conciencia han firmado esas sentencias de carácter policial contra unos individuos que sólo por ejercer la "objeción de conciencia" se han convertido en ciudadanos ejemplares para desarrollar el Estado de Derecho.
En efecto, porque los objetores recurrentes, lejos de concebir el Estado como algo construido y acabado de una vez por todas al modo de las dictaduras y despotismos, creen que el Estado de Derecho está permanentemente inventándose, creándose, o sea, haciéndose moralmente, esgrimieron la objeción de conciencia, que es más que un derecho. Es un protoderecho sobre el que se basan otros derechos. En cualquier caso, quien hace valer ese derecho, en términos jurídicos, está contribuyendo decisivamente al desarrollo de la democracia. Ese objetivo, precisamente, es el que pretende eliminar de raíz estas sentencias.
Sin embargo, no creo que lo haya conseguido, pues al margen de la literalidad del texto –que va contra el derecho que asiste a todo ser humano, por el sólo hecho de ser persona, a tener derechos, que es el mejor lugar para ubicar el derecho de objeción de conciencia–, nadie en su sano juicio intelectual y jurídico puede prestarle legitimidad a un Tribunal que se arroga la potestad de conceder y eliminar derechos. Las sentencias, en fin, contradice la esencia del Estado de Derecho que tiene por misión fundamental dar alojamiento a la posibilidad de construir bienes en común a partir de la libertad de conciencia.
Dicho en otros términos, es imposible construir la democracia, al menos concebida como una forma de vida, sin reconocer la libertad individual que tiene su primer y último fundamento en la libertad de conciencia. Sin esa libertad, sin esa inquietud por ser libre junto a otros, sin esa indeterminación que define a la sociedad democrática, que tiene su fundamento en la objeción de conciencia, no es viable ningún Estado de Derecho. Pero este "tribunal" político ha querido con estas sentencias clausurar dictatorialmente esa inquietud democrática. En verdad, el deseo de libertad, contenido en la objeción de conciencia, sin el cual sería imposible ninguna conquista y ejercicio de libertades, ha sido cercenado con estas sentencias política.
Despreciado Montesquieu, ahora han querido eliminar a Tocqueville. El otro gran referente intelectual de la democracia liberal. Esta "justicia" mostrenca suprime la base de toda genuina democracia, a saber, el deseo de ser libre a través de ejercer ese protoderecho que llamamos "objeción de conciencia". Estas sentencias mata directamente al gran Tocqueville, porque no concibe que el Estado, o mejor, el Gobierno deje actuar a sus ciudadanos por su libertad de conciencia. Estos jueces han roto las alas de la sede del poder democrático que es la sociedad civil. Sí, sí, es imposible una sociedad civil desarrollada democráticamente sin posibilidad de ejercer la objeción de conciencia primero, y la desobediencia civil después. En fin, estos "jueces" jamás entenderían el fundamento de la democracia de Tocqueville, que está comprendida en estas dos citas de La democracia en América:
La agitación [la inquietud y deseo de más democracia] siempre renaciente que el gobierno de la democracia ha introducido en el mundo político, pasa luego a la sociedad civil. Y no sé si, a fin de cuentas, no será esa la mayor ventaja del gobierno democrático, al que alabo aún más por lo que hace hacer que por lo que hace.
La democracia no da al pueblo el gobierno más hábil, pero hace lo que el gobierno más hábil es incapaz de hacer: extiende por todo el cuerpo social una actividad inquieta, una fuerza sobreabundante y una energía que jamás existen sin ella y que, a poco favorables que sean las circunstancias, pueden engendrar maravillas.
La energía necesaria para desarrollar una democracia, o sea, la fuerza sobreabundante de los padres que han objetado por conciencia a la imposición del Estado sobre cuáles tienen que ser nuestros sentimientos, ha perdido una batalla. En todo caso, creo que el Derecho de Objeción de Conciencia sobrepasa a este tribunal. Y a este Gobierno. Los hombres que componen, hoy por hoy, estas "instituciones" no tienen capacidad para entender ese Derecho; es tan grande el ejercicio de este derecho y ellos tan pequeños, intelectualmente hablando, que nunca lo entenderán. La desproporcionalidad entre el derecho y estos intérpretes a palos es tal que estamos abocados a la tragedia: este tribunal no ha actuado ni con conciencia judicial ni democrática, sino como funcionarios serviles de un Estado, reitero, sedicentemente democrático.
Estos jueces son arquetipos de los Estados dictatoriales, sí, sí, de Estados que impone la "moral", los "afectos" y los "sentimientos" de sus súbditos. El no reconocimiento de la libertad de conciencia en general, y la objeción de conciencia en particular, descalifica a estos jueces para ejercer su profesión en un Estado democrático. Ellos no tienen autoridad ni legitimidad para decidir qué es un derecho o qué no lo es. La objeción de conciencia está muy por encima de este "tribunal" político al servicio de Rodríguez Zapatero y un Estado que impone tiránicamente "sentimientos de sociabilidad", que serían, ahora como en la época del terror de la Revolución Francesa, las bases de una "ciudadanía" de boquilla.