Ha tenido que ser la Fiscalía de la Audiencia Nacional quien intervenga y pida la prohibición de la marcha en honor de la colaborada de ETA en Cataluña, Laura Riera, que saldrá de prisión el 21 de agosto después de pasar 9 años en la cárcel por colaborar con ETA. El Ayuntamiento y el consejero del Interior del Gobierno catalán, Joan Saura, nada habían hecho por prohibir la marcha con antorchas que tenían previsto llevar a cabo en medio de las fiestas de Gracia tanto la Asamblea de Joves de Gràcia como la Comisión de Fiestas Populares anunciadas en sus respectivas páginas web.
¿Qué es lo que querían celebrar? ¿Su puesta en libertad? ¿Por qué? ¿Acaso están orgullosos de lo que hizo y consideran una hazaña meritoria colaborar con ETA para matar? ¿O es que quizás su ideología independentista les lleve a rechazar el universo moral de los tribunales que la condenaron y quieran resarcirla y apoyarla con su presencia para insistir en los métodos que la condenaron? ¿Qué es lo que pretenden ofrecerle con el homenaje? ¿Acaso no ven nuestras autoridades municipales y autonómicas que ni uno de los que la agasajarán habrán sentido el dolor de sus víctimas? ¿Tan débil es la raya entre el bien y el mal para el Consistorio barcelonés o para el responsable de Interior, Joan Saura, cuando se trata de prohibir manifestaciones o manifestantes con estética e ideologías nacionalistas de "casa nostra"?
Es un síntoma inquietante que el presidente del grupo parlamentario autonómico de ICV-EUiA Jaume Bosch se haya situado en la equidistancia entre los manifestantes pro etarras y los grupos políticos que denunciaron la marcha de apoyo a la colaboradora de ETA cuando, refiriéndose a las denuncias de Populares y Ciudadanos hizo un llamamiento para "no caer en provocaciones ni de un lado ni del otro", tanto por parte de los que organizan actos de este tipo, como por parte de los que los critican con mala fe en busca de réditos electorales. Esa miserable deducción nos debería hacer reflexionar. Parece que, para algunos nacionalistas, ciertas formas de lucha cercanas a sus propios fines ideológicos, aunque no compartan sus métodos literalmente, atemperan la gravedad de sus actos hasta confundirlos con los métodos políticos. Así, en 2007, según reveló El Mundo, un documento interno emitido por el Departamento de Justicia de la Generalidad calificaba de "presos políticos" a Laura Riera y a su pareja, Diego Sánchez Burria, también condenado por colaborar con ETA.
Este tipo de lenguaje y este relativismo moral en función de los fines compartidos desvelan la miserable pasividad del Ayuntamiento de Barcelona y de las autoridades del orden público del Gobierno de la Generalitat. Aunque en esta ocasión, el fiscal haya puesto las cosas en su sitio.
¿Se le ocurriría a Jaume Bosch hablar de equidistancia ante el secuestro, violación, tortura y crimen de las tres adolescentes del aquel horrendo crimen de 1992 conocido bajo el nombre de crimen de Alcácer? ¿Se atrevería este sujeto político a hablar de equidistancia para criticar a los grupos políticos que se opusieran a un reconocimiento público de los posibles asesinos?
Piensen por qué en este caso se atreve éste, o se inhiben otros.