Trece convoyes del Metro de Madrid sufrieron un sabotaje simultáneo que afectó a ocho mil usuarios. Unos individuos activaron los frenos de emergencia y provocaron la paralización de los trenes. Hicieron la faena con los trenes detenidos y por ello no hubo que lamentar más daños que la pérdida de tiempo, si bien los minutos son muy valiosos en una gran ciudad y en hora punta. En fin, ya se sabe quiénes fueron. ¿Unos vándalos, unos delincuentes, unos incívicos pandilleros o, como dirían allá, unos patoteros? No, señor. Entérese, lea la prensa. Fueron unos activistas. Unos idealistas, vamos. De esa clase de gente comprometida, que lucha por una buena causa y por el bien del prójimo, arriesgándose incluso a la sanción y al castigo. Así, en virtud del salvoconducto moral y legal que se entrega graciosamente al que alega voluntad de protesta, unos gamberretes de cuarta regional han salido en los papeles, en algunos papeles, con el grado de activistas.
Ciertamente, el activismo ha llegado a esto por sus propios medios. Pero también ayudado. La comprensión que encuentra en el público esa clase de insumiso, y alguna otra, es muy notable. Hay gente así de comprensiva en cualquier parte; hasta el saqueo y destrucción de comercios que ocurrió en Londres tuvo allí sus justificadores. Por no hablar de cómo se celebró entre nosotros aquella ocupación –y degradación– del espacio urbano que practicó el 15-M todo lo largamente que quiso. En el caso de los saboteadores del Metro madrileño, la corriente comprensiva no sólo tiene que ver con banderías políticas; también con la incomprensión de realidades muy pedestres. Así, un señor que paga sin rechistar el importe de un taxi, se puede volver un enragé si ha de pagar lo que realmente cuesta un trayecto en el bus municipal. Así, unos sujetos que abonan religiosamente sus cervezas y sus porros, se niegan a pagar el billete del Metro, y a esa caradura de gorrón la llaman desobediencia civil.
No quiero ser optimista, válgame, pero es posible que los copagos farmacéuticos, la subida de tasas universitarias y la reducción general del gasto público, tengan algún efecto añadido al relacionado con el déficit. Quizás contribuyan a extender la percepción de que los servicios públicos no salen gratis, que no son "otros" los que pagan. El usuario pierde fácilmente la noción de lo que cuestan y de lo que le cuestan a él, concretamente. ¿Qué sabe de tarifas subvencionadas? ¿No escucha, además, de los gobernantes que la sanidad y la educación, por citar los casos más sonados, son gratuitas? Sería de gran utilidad social que los miembros de los gobiernos proscribieran de su vocabulario la palabra "gratis". Pero ahí, me temo, no hay margen para el optimismo.